El Congreso rechaza los siete vetos a la Ley de Mutuas con el voto del PP y UPN

Los grupos tienen de plazo hasta esta tarde para presentar enmiendas al articulado, que será tramitado con competencia legislativa plena por la Comisión de Empleo que, por tanto, enviará el texto al Senado tras su aprobación.

DURARÁ LO QUE DURE LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP

En defensa de su veto, la socialista Isabel López i Chamosa ha acusado al Gobierno de "romper" el consenso del Pacto de Toledo. "Es necesario hacer cambios en las mutuas, pero esta reforma va a durar lo que dure su mayoría parlamentaria, porque esta ley habrá que volver a reformarla, evidentemente", ha avisado, reclamando que se abra un diálogo "sin prisas y sereno" a nivel social y político.

Sobre el fondo del asunto, ha exigido que las mutuas se limiten a la gestión de la enfermedad profesional y los accidentes laborales, reconociendo así que los cambios en esta materia que aprobó el PSOE "no han funcionado" y que no le "duelen prendas" en dar marcha atrás.

En cualquier caso, la "línea roja" para los socialistas es la privatización de la sanidad pública "por la puerta de atrás" a través de estas las mutuas, y rechazan también que se "desconfíe de los médicos de familia" sobre cómo gestionan las bajas o que se intente usar a las mutuas como "policías de los trabajadores". "Ustedes quieren que los trabajadores no cojan la baja, pero con su reforma laboral no necesitan más acojone", ha añadido.

PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN

El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha comenzado subrayando que su grupo comparte la necesidad de hacer una "gran reforma" del sistema de mutuas y reconociendo también estar de acuerdo con parte del proyecto, fundamentalmente con lo relativo al incremento del control público de estas entidades que gestionan recursos públicos.

"Pero este proyecto no aborda el gran debate, el gran problema de fondo: qué funciones deben hacer las mutuas", ha añadido, reclamando un "diálogo social de verdad" porque no sólo se está "abriendo la puerta a una mayor privatización" de la Seguridad Social "por la puerta de atrás" sino también una "mercantilización de la salud de los trabajadores" que, además, están "excluidos de la capacidad de decidir sobre quién se ocupa de la salud". "Con lo que a ustedes les gusta la libertad de decidir", ha recordado a los 'populares'.

REGULACIÓN "EXCESIVAMENTE LAXA"

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, cree que el proyecto incluye una regulación "excesivamente laxa" en materia de control de los gastos de administración de las mutuas, tradicionalmente más altos que en la Seguridad Social; en el régimen de incompatibilidades, en las responsabilidades por la falta de control o en la limitación de las retribuciones.

Además, considera que en la regulación sobre las prestaciones por baja temporal "subyace una cierta presunción de culpabilidad del trabajador enfermo y de complicidad del médico público" y se da "un poder excesivo" a las mutuas. "Si seguimos por esta vía, existe el riesgo de que el sistema de salud acabe fragmentándose en dos sectores: uno para los trabajadores a través de las mutuas y otro público para el resto. El sistema sanitario es universal y debe mantener su homogeneidad", ha exigido.

TRABAJADORES MÁS DESPROTEGIDOS

Joan Tardá, de ERC, cree que con esta norma se abre una "pasarela para que las mutuas puedan ir asumiendo nuevas funciones a medida que se va desguazando la Seguridad Social" sin que ni siquiera haya una justificación económica, porque esto "supondrá más gasto público". Además, teme que se esté dando "un paso adelante hacia la privatización de la sanidad" y advierte de que el texto conllevará "un recorte más de la salud de los trabajadores bajo argumentos hipócritas" de luchar contra el absentismo.

Por Amaiur, Sabino Cuadra ha advertido de que con esta ley las mutuas "podrán hacer bailar a los servicios de la sanidad pública al ritmo que toque la patronal". "¿Qué pensaríamos si los colegios privados pudieran intervenir en las calificaciones que da el profesorado público? Este disparate, que nadie sería capaz de plantear sin sonrojarse, es lo que se va a realizar en el terreno de la salud laboral", ha añadido.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, considera que la norma dejará a los trabajadores "más desprotegidos frente a las decisiones de las mutuas, que son entidades patronales donde priman los criterios economicistas, sobre todo de ahorro en el gasto médico, sobre los criterios de salud". Y todo a costa de "cuestionar la profesionalidad del personal sanitario público".

Joan Baldoví, de Compromís-Equo, ha acusado al Ejecutivo de poner "otro ladrillo en el muro de desigualdad que han levantando", que es "cada vez más descarado, obsceno, injusto y alto". "¿A quién perjudica esta ley? A los trabajadores enfermos, criminalizándoles como si fueran defraudadores", ha dicho, lamentando que "en la sanidad el sector privado se está convirtiendo en ese insecto gorrón que vive a costa del dinero público", ha zanjado.

SE PUBLIFICA EL SISTEMA

El portavoz del PNV en el Pacto de Toledo, Emilio Olabarria, ha acusado al Ejecutivo de "estar acometiendo una publificación de las mutuas" que "ni siquiera es sutil, sino subrepticia". "Así se las ponían a Felipe II", ha ironizado, advirtiendo de que con la "expoliación" de algunas de sus funciones por parte del Ministerio, que además ahora podrá "dirigir" y no sólo controlar estas entidades, se "certificará la defunción de las mutuas" tal y como hoy se conocen pese a que "han funcionado muy bien".

Además, ha calificado la norma de "muy mala" y ha recordado que "no cuenta con la adhesión de nadie" ni "ha sido negociado con nadie". "Está sola en esta materia, y no se puede legislar contra todos. Vamos a combatir este proyecto belicosamente, usando además argumentos muy parecidos a los que otrora utilizaba el PP", ha añadido el diputado, subrayando por último que el texto invade competencias autonómicas.

CONFIANZA EN LA NEGOCIACIÓN

"Ésta no es la Ley de Mutuas que CiU hubiera hecho", ha reconocido el portavoz de Empleo de los nacionalistas catalanes, Carles Campuzano, a quien no obstante el Gobierno ha mostrado una "voluntad de diálogo". En cualquier caso, ha lamentado que el texto no llegue con acuerdo social o respaldo de las comunidades autónomas.

Sobre el contenido del proyecto, ha reclamado que se busque "mantener un estricto control" de las mutuas "sin dejarlas sin capacidad de gestión", que es lo que a su juicio provoca el texto. Además, pedirá mejoras en gobernanza y defenderá la clarificación del "sistema farragoso" que se mantiene en el control de las bajas. "Queremos que la ley blinde el modelo catalán", ha añadido.

Finalmente, la 'popular' Carolina España ha calificado de "esquizofrénico" que se les acuse a la vez de publificar y privatizar, y ha recordado que con el proyecto "no se les da ni una sola competencia nueva" a las mutuas, cosa que sí hacían los socialistas "sin extremarles los controles". "Y ahora el PSOE se arrepiente de todo y quiere quitarles todas las competencias. Por favor, que alguien ponga orden en esa casa", ha añadido.

También ha negado que se privatice la sanidad, ya que "la última palabra siempre la tendrán los médicos del sistema público", o que se recorten los derechos de los trabajadores. "Ya está bien de tanta demagogia y tanta falsedad, ya está bien de leyendas urbanas. Ni los médicos van a dar el alta a un trabajador enfermo, ni las empresas quieren a trabajadores que no estén en condiciones adecuadas, ni los trabajadores van a fingir estar enfermos para no ir a trabajar", ha añadido.