Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Congreso aprobará el jueves el 'macrodecreto' económico antes de enviarlo al Senado

La oposición quiere que la Garantía Juvenil se aplique a jóvenes de hasta 30 años y propone cambios sobre las bonificaciones
La Comisión de Economía del Congreso aprobará este jueves el proyecto de ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que procede del 'macrodecreto' presentado por el Gobierno a principios de julio, tras dos sesiones de debates parlamentarios y antes de remitirlo al Senado para que continúe su tramitación.
Así, la Comisión que preside el 'popular' Ovidio Sánchez debatirá entre el miércoles y el jueves más de medio millar de enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, ninguna de las cuales será en principio incluida en el proyecto de ley de forma automática durante la fase de ponencia, que tendrá lugar el lunes por la mañana.
La intención es organizar ambas sesiones por temas, dado que el 'macrodecreto' modifica una treintena de leyes de hasta nueve ministerios diferentes, de modo que puedan intervenir diferentes portavoces de los grupos políticos en función de cada materia. De hecho, PSOE, IU-ICV-CHA y UPyD presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.
Al finalizar la sesión del jueves, los miembros de la Comisión de Economía votarán todas las enmiendas y el conjunto del proyecto de ley para aprobarlo y, dado que tiene competencia legislativa plena, el texto será remitido automáticamente al Senado para continuar su tramitación, que se rige por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad, a pesar de que sus medidas están en vigor desde el 4 de julio, cuando el decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
CAMBIOS EN EMPLEO
Aunque los diferentes grupos manifiestan a través de sus propuestas de modificación una atención especial en diversos asuntos, la regulación de la nueva Garantía Juvenil suscita interés en todos ellos. En principio, la intención del Gobierno --manifestada a través de las enmiendas del PP-- es permitir que las bonificaciones a la cotización --300 euros mensuales durante un máximo de seis meses por cada joven de 16 a 25 años contratado-- se puedan utilizar al máximo.
Para ello, se permitirá que el dinero se use para cubrir cotizaciones de otro trabajador si la cuota empresarial que se paga por el joven es inferior a la cuantía de la bonificación, que además se puede compatibilizar con otros incentivos, como la tarifa plana por contratos indefinidos. El único límite es que la liquidación no resulte negativa.
No obstante, otras formaciones como el PSOE, UPyD o CiU, reclaman que se eleve a los 30 años la edad máxima para acogerse a la Garantía, y la formación magenta propone que las bonificaciones a la contratación puedan copar hasta un 33% de los fondos destinados a este programa.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) va más allá y pide anular todas las bonificaciones, que a su juicio no fomentan la contratación, y utilizar el dinero en otras medidas como becas para las acciones formativas que no lleven aparejado un contrato. Además, exige que se fije un plazo máximo de cuatro meses para ofrecer empleo o formación a los beneficiarios de la Garantía, y tener en cuenta el riesgo de exclusión y los ingresos familiares para priorizar a los demandantes.
Los nacionalistas catalanes, por su parte, proponen destinar parte del dinero a subvenciones salariales para nuevos contratos en práctica o de formación y aprendizaje, que deberían ser equivalentes al 50% del salario mínimo internacional y aplicarse durante un máximo de seis meses siempre que el contrato se firme antes del 30 de junio de 2016 y se mantenga al menos durante medio año. Para UPyD, sólo deberían incentivarse por esta vía los contratos de como mínimo doce meses.
El PSOE, por su parte, pide que se bonifiquen contratos formativos que se transformen en indefinidos y ampliar a cuatro años el periodo en el que las empresas o autónomos puedan acceder a este tipo de ayudas, que deberían destinarse también de forma prioritaria a la conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en tiempo completo.
Integrar la Garantía en el sistema de formación y empleo, reforzar los recursos de los Servicios Estatales de Empleo o transferir todo el dinero del programa europeo a las comunidades autónomas son otras propuestas que aparecen en las enmiendas de los grupos de la oposición.
MEDIDAS FISCALES
En relación con los cambios fiscales, el PSOE propone rebajar hasta el 15% --cuatro puntos más de lo propuesto-- las retenciones de IRPF a los autónomos e incrementar del 0,03% que plantea el Ejecutivo al 0,4% el tipo aplicable al Impuesto sobre depósitos bancarios. En cualquier caso, reclama una reforma integral y profunda del sistema tributario y aprobar medidas efectivas de lucha contra el fraude fiscal.
IU-ICV quiere que sean los bancos los que paguen las plusvalías municipales de las que se eximirá a quienes opten por la dación en pago, y también quiere que el tipo a los depósitos bancarios sea al menos del 0,2%. Mientras que UPyD reclama que la exoneración de las plusvalías sólo sea aplicable a quienes ingresen menos de 12.000 euros al año y que se derogue el nuevo tributo bancario.
En cuanto a CiU, propone que los cambios fiscales sobre las participaciones preferentes se puedan aplicar a cualquier ejercicio no prescrito, y no sólo al de 2014, y coincide en reclamar una mayor bajada (hasta el 15%) de las retenciones a los autónomos, elevando además a 22.000 euros los rendimientos íntegros del año previo para poder acogerse a esta medida. Asimismo, pide subir del 18% al 35% las deducciones en Sociedades por inversión en el cine.
FOMENTO DE LA ECONOMÍA
Los 'populares' plantean, por su parte, eliminar la referencia a que los nuevos límites a las comisiones por uso de tarjeta bancaria entrarán en vigor el 1 de septiembre, y precisan que estos topes no se aplicarán a tarjetas que se usen sólo en los establecimientos del emisor o para una gama limitada de bienes y servicios.
Sin embargo, el principal partido de la oposición cree que habría que reducir aún más los tipos máximos de las comisiones y eximir de su pago a cualquier compra de hasta 20 euros. Además, pide una Agencia de Protección Financiera y elevar a 3.000 millones de euros el programa de avales del ICO.
En cuanto a UPyD, propone también triplicar hasta los 3.600 millones los avales del ICO durante al menos tres años, y crear dos nuevas líneas para el circulante y para el leasing de bienes de equipos en los que sea el Instituto el que asuma el riesgo y no los bancos. También insiste en la necesidad de crear mecanismos de segunda oportunidad, pide un bono social para el butano y rechaza que se puedan flexibilizar las condiciones de devolución de los créditos del plan de pago a proveedores si las comunidades no aprueban nuevas medidas de reducción del gasto superfluo o cumplen sus planes de ajuste.
OTRAS PROPUESTAS
En CiU, gran parte de sus enmiendas se dirigen a reforzar los derechos de los trabajadores discapacitados y a incrementar los incentivos a su contratación. Además, piden que los límites a las comisiones por uso de tarjeta se apliquen también si se paga a las administraciones públicas.
La Izquierda Plural dedica gran parte de sus propuestas a recuperar sus iniciativas de lucha contra la pobreza energética y protección de los consumidores vulnerables, con bajadas del IVA en suministros básicos, prohibición del corte pro impago, realización de una auditoría del déficit tarifario, desmantelamiento de Castor y prohibición del fracking.
En cuanto a la privatización de Aena, la Izquierda Plural la rechaza de plano mientras que UPyD critica que se creen nuevos organismos innecesarios y pide un debate independiente y sosegado sobre este asunto. CiU exige respeto a las competencias autonómicas y que se transfiera la gestión de El Prat y la titularidad de Reus, Gerona y Sabadell a la Generalitat.