El Congreso convalida el jueves el cambio en el acceso a prestaciones de los trabajadores a tiempo parcial

El texto legislativo, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en su última reunión antes de las vacaciones, llega así a la Cámara Baja 'in extremis', ya que el plazo para ratificar su convalidación concluye 30 días hábiles después de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que sucedió el día 3 de agosto. Según calcula el Gobierno, el límite en este caso concluye el 13 de septiembre.

Con este decreto ley se da cumplimiento a sendas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de Justicia de la UE, que declaraban inconstitucional el anterior método de cálculo por ser discriminatorio, particularmente con las mujeres, que son las que más recurren a la contratación parcial.

OTRAS MODIFICACIONES

Así, junto con las nuevas previsiones de cotización para el acceso a prestaciones sociales para los trabajadores a tiempo parcial, el decreto ley también incluye cambios en la negociación de los procedimientos colectivos, se introduce la obligación de inscribirse como demandante de empleo y de renovar dicha demanda para poder percibir y conservar las prestaciones y subsidios del paro, y se reformulan los requisitos para poder cobrar estas prestaciones si se sale al extranjero.

Asimismo, se fija el método de actualización de los cánones ferroviarios, se incrementa el importe autorizado a Adif para concertar operaciones de endeudamiento este año, se concede a la Sareb --el 'banco malo'-- la condición de entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de vivienda, se anuncia el desarrollo de un reglamento de asistencia a los afectados por accidentes ferroviarios y se autoriza a Renfe a adelantar parte de las indemnizaciones a las víctimas del accidente de Santiago de Compostela.

Finalmente, se moderan las tasas aéreas que AENA cobra a las aerolíneas, se incluyen las deudas de los consejos comarcales con sus proveedores en el Fondo de Proveedores y se fija el régimen transitorio para las autorizaciones administrativas del sector naval afectadas por el 'tax lease'.