Consumo dicta más de 40.000 laudos positivos de conflictos por preferentes de Bankia

Así lo ha asegurado la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Senado, en la que ha aseverado que su departamento hace una "apuesta por la defensa real de los consumidores".

Durante la disgregación de las cuentas de su departamento, ha recordado que se mantienen muchas partidas como la del Instituto Nacional de Consumo, que tendrá el mismo presupuesto que en los dos últimos años, y en general su presupuesto crece un 1,7 por ciento con respecto al año anterior.

Además, ha destacado este aumento a pesar de que han tenido que destinar parte de sus cuentas a pagar "deudas pendientes de años anteriores" que había dejado el anterior Gobierno.

En este sentido, ha defendido el compromiso del Gobierno con el pago a los proveedores sanitarios que se ha visto reflejado con los últimos planes impulsados para el cobro de facturas pendientes, que en más de la mitad de los casos (60% en el último plan puesto en marcha hace unas semanas) se han dedicado a paliar la deuda sanitaria.

"Es imposible mantener nuestro compromiso con una sanidad pública si nos basamos en no pagar. Defendemos la sanidad que paga a sus proveedores en tiempo y forma", ha aseverado Farjas.

En este punto, la 'número dos' del Departamento de Ana Mato ha lamentado que después del primer plan de pago a proveedores las comunidades hayan vuelto a acumular deuda que, no en vano, "es la mitad de la que se tenía al inicio de la Legislatura".

Durante su intervención ha defendido la ampliación de la Cartera de Servicios impulsada por su departamento y los avances conseguidos en la implantación de la receta electrónica, que representan ya el 67 por ciento de todas las recetas dispensadas en septiembre y cuya implantación se ultimará a finales de año. Además, ha añadido, ya hay más de 20 millones de ciudadanos que tienen su historia clínica informatizada.

Por su parte, la senadora socialista María Victoria Chivite ha criticado los presupuestos ya que a su juicio son "la constatación de que la sanidad cada vez le importa menos al Gobierno" y ha acusado al Grupo Popular de introducir una enmienda para impedir el acceso a la tarjeta sanitaria a quienes pasen más de 90 días fuera de España.

Ante esto último, Farjas ha explicado que esta medida va dirigida a los ciudadanos extranjeros que venían a España y luego volvían a sus países de origen. En estos casos, ha explicado, la Unión Europea estipula que después del tercer mes deben tener regularizada su situación en el país en que residan. "Lo que no va a hacer España es pagar la asistencia sanitaria a los extranjeros que han venido a España y retornan a su país", ha dicho.

Y en el caso de los ciudadanos españoles o con residencia en España "tienen garantizada la sanidad desde el primer al último día" y, cuando decidan salir al extranjero, tienen garantizada la cobertura durante dos años a través de la tarjeta sanitaria europea.