Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Defensor del Pueblo pide un arbitraje sobre las reclamaciones a la banca con carácter vinculante

El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Economía la implantación de un sistema de reclamación extrajudicial "eficaz" para que se obligue a los bancos a corregir su actuación cuando perjudican a un consumidor, y así se pueda garantizar una protección "real" por parte de la Administración.
En su informe anual de 2015, el organismo liderado por Soledad Becerril vuelve a denunciar un año más que el sistema fijado para resolver conflictos entre ciudadanos y entidades financieras carece de "virtualidad" y emite resoluciones que no son vinculantes y que de ser incumplidas "rara vez" se sanciona por 'mala praxis'.
La institución reprueba la falta de efectividad de las resoluciones de los servicios de reclamaciones del Banco de España y de la Oficina del Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, lamenta que los bancos no rectifican sus actuaciones que causaron perjuicio en los clientes, aún cuando estos organismos resuelven a favor de estos.
Ante esta circunstancia, el Defensor del Pueblo efectuó una recomendación a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para arbitrar un sistema de reclamación extrajudicial. El organismo encabezado por Becerril entiende que el Ministerio de Economía ha aceptado de forma parcial esta recomendación ante las posibilidades de mejora del actual sistema institucional de protección del cliente.
El Defensor del Pueblo deduce que el Gobierno pretende incluir estas mejoras y las alternativas para potenciar la eficacia de los actuales servicios de reclamaciones en el proyecto de ley para incorporar la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.