La Defensora del Pueblo pide que la supresión de paga extra de los funcionarios no sea total

En las recomendaciones remitidas por Becerril al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Defensora del Pueblo recuerda que ha recibido numerosos escritos que cuestionan la supresión de la paga extraordinaria a los funcionarios.

Por ello, recomienda que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley 20/2012 (15 de julio), porque la Institución considera que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado.

FÓRMULAS DE COMPENSACIÓN.

Además, Becerril recomienda concretar la forma en la que se compensará a los funcionarios por las cantidades suprimidas, y pide que se busquen fórmulas adicionales a las que contempla la norma (reingreso en un plan de pensiones a partir de 2015), puesto que no todos los empleados públicos disfrutan de planes de pensiones o contratos de seguro colectivo.

Por lo que respecta a la Renta Activa de Inserción (RAI), la Defensora del Pueblo propone al Ministerio de Empleo que detalle claramente en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes puedan salir al extranjero sin perder su condición de demandantes de empleo y con ello la prestación.

RENTA DE INSERCIÓN Y SALIDAS AL EXTRANJERO.

La norma establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero "por cualquier motivo o duración" anula la inscripción como demandante de empleo.

Becerril reconoce que en una instrucción se detallan seis supuestos en los que se permite una salida al extranjero de hasta tres meses, pero, según la Defensora, los supuestos deberían estar precisados en el Reglamento que regula el Real Decreto Ley, y la Administración debería asegurarse de que los solicitantes tengan suficiente información sobre "términos, circunstancias y límites temporales" de viajes al extranjero.

Por último, la responsable de la Institución apunta que se incluya a los discapacitados entre los que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo o el subsidio de desempleo para acogerse a la Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.