Delegación del Gobierno avisa al sindicato de Gordillo que no va a permitir nuevos atentados contra el Estado de Derecho

"El Gobierno protegerá los derechos de los ciudadanos y hará respetar la ley, utilizando todos los medios a su alcance para impedir los desórdenes públicos y los atropellos a la legislación vigente, con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado Crespo en una nota.

Asimismo, ha señalado que va a defender con "contundencia" los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores y de las empresas, en el marco del estado democrático y de la Constitución y ha hecho hincapié en que es "intolerable que un colectivo sindical, y menos aún integrantes de un grupo parlamentario que han prometido lealtad a la Constitución, atenten contra las normas más elementales en las que se sustenta nuestra democracia".

"Debo advertir de que si se producen nuevos intentos de robo, o asaltos con agresiones, o atentados contra la propiedad privada y el orden público, esta Delegación del Gobierno no va a vacilar a la hora de actuar", ha recalcado.

Carmen Crespo ha lamentado "el deplorable espectáculo que están ofreciendo los sindicalistas ante el resto del mundo, exhibiéndose desnudos ante los medios de comunicación y amenazando con robos y asaltos a la propiedad privada" y ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que exija a su socio de Gobierno, Diego Valderas, que ponga "orden en las filas de su coalición" y tome medidas "para poner fin a esta absurda pantomima que está liderando uno de sus diputados amparándose en su condición de aforado, y que tanto daña la imagen de Andalucía".

Respecto a la intervención del parlamentario de IU en los hechos, Crespo ha recordado que "un partido en el Gobierno debe gobernar y no fomentar actividades tipificadas como delitos en el Código Penal".

"El presidente debe impedir que sus socios trasladen al resto del mundo la imagen de una Andalucía tercermundista que nada tiene que ver con la realidad de la comunidad", ha señalado, a lo que ha añadido que "lo que está ocurriendo daña gravemente al turismo, a la imagen de modernidad de nuestras empresas en el exterior y a la credibilidad de nuestra economía".

"Lo menos que podría hacer el presidente de la Comunidad Autónoma es posicionarse en el estado de derecho, llamar al orden a los miembros de su Gobierno y pararles los pies a los miembros de su Gobierno que están tolerando y amparando estos lamentables e injustificables comportamientos", ha zanjado.