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El ERE voluntario de Cepsa afectará a un máximo de 111 trabajadores en Madrid y 178 en Andalucía

El expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario presentado por Cepsa a los representantes de los trabajadores para un máximo de 320 empleados con más de 55 años se desglosa a razón de 111 afectados en Madrid, 31 en Tenerife, 90 en Gibraltar San Roque (Cádiz) y 88 en Huelva, explica en una nota UGT.
El sindicato acoge con "cautela" las negociaciones acerca de este ERE voluntario y expresa su rechazo a la cifra de 320 trabajadores presentada. Además, dice que los trabajadores de los centros de refino ya celebraron ayer una concentración "contra las irregularidades y la destrucción de empleo que está llevando a cabo la empresa".
UGT acusa además a Cepsa de "llevar tiempo incumpliendo el convenio en materia de jubilación parcial", de "encubrir sistemáticamente accidentes de trabajo", de "crear filiales con condiciones laborales precarias" y de "eliminar de manera unilateral en el centro de Huelva garantías de convenio colectivo".
El sindicato dice también que la empresa no colabora en el proceso de negociación para la revisión del convenio, al tiempo que "contempla modificaciones en aspectos importantes en materia de prevención de riesgos laborales" que a juicio de UGT "representan una merma en los actuales sistemas de prevención".
Cepsa ha presentado a la casi decena de sindicatos que representan a sus trabajadores unas condiciones básicas de partida para el ERE, entre las que figura la de que la adscripción será voluntaria con el beneplácito de la empresa.
Otras condiciones son que afecte a trabajadores con 55 años cumplidos a partir del 31 de diciembre de 2014, que la vigencia del proceso sea del 6 de mayo de este año al 31 de diciembre de 2015 y que el número máximo de empleados sea de 320.
Por último, Cepsa ha establecido como condición de partida que la compensación económica fijada para todos los colectivos sea del 85% del salario neto, tanto fijo como variable, con el límite de la indemnización legal máxima.
Esta indemnización se articulará de forma que su desembolso, unido a las prestaciones públicas por desempleo, garantice un 85% del salario neto hasta la edad de jubilación. Se mantendrán las cotizaciones a la seguridad social y las aportaciones a los planes de pensiones.