El Ecofin buscará mañana un acuerdo para permitir a Londres pagar a plazos la factura de 2.100 millones

Los ministros de Economía de la UE buscarán mañana un acuerdo para permitir a Reino Unido pagar a plazos la aportación adicional de 2.100 millones de euros que debe realizar al presupuesto comunitario por la revisión al alza de sus cifras de PIB. Según las reglas vigentes, la factura debe abonarse de una vez antes del 1 de diciembre, pero el primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que es "totalmente inaceptable" y que no piensa pagar.

Tras la fuerte polémica provocada por esta factura, que monopolizó el último Consejo Europeo de octubre, la presidencia italiana de la UE y la Comisión han trabajado en los últimos días para encontrar una solución, que pondrán este viernes sobre la mesa del Ecofin. El compromiso pasa por un "escalonamiento de los pagos", según han explicado a Europa Press fuentes europeas, que exigiría una reforma de la legislación comunitaria.

Por ello, el objetivo de la reunión de este viernes es que el Ecofin pida formalmente a la Comisión que presente una propuesta legislativa para enmendar las reglas. El nuevo presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, ha criticado duramente a Cameron por su actitud en este conflicto. "Yo no tengo ningún problema con Cameron, es él el que tiene un problema con los otros primeros ministros", dijo este miércoles.

La contribución extra que Bruselas pide a Londres se debe a la revisión al alza de su PIB por los cambios metodológicos que acaban de introducirse para tener en cuenta el impacto del I+D y de actividades ilegales como la prostitución y las drogas. También tendrán que realizar una aportación extra considerable Holanda (642 millones) o Italia (340 millones). En contraste, a Francia se le devuelven 1.100 millones, a Alemania 780 millones y a España 170 millones.

SIN ACUERDO SOBRE LA TASA TOBIN

Además del problema de Londres, los ministros de Economía de los 28 tienen previsto discutir sobre la tasa a las transacciones financieras internacionales, aunque las posiciones siguen estando muy alejadas. España participa en esta iniciativa junto con otros 10 países -Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia- y el objetivo era lograr un acuerdo antes de final de año para ponerla en marcha en 2016.

El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, ha anunciado que presentará en el Ecofin una propuesta de compromiso para desbloquear las negociaciones. La denominada tasa Tobin está paralizada por los desacuerdos sobre los tipos de derivados a los que debe aplicarse y sobre si deben gravarse las transacciones según el país de emisión o el país de residencia.

Según la propuesta francesa, la tasa gravará en una primera etapa las transacciones de acciones cotizadas (a un tipo del 0,1%). Los países que lo deseen pueden añadir también las no cotizadas. En cuanto a los derivados (sujetos a un tipo del 0,01%), París defiende gravar durante la primera fase únicamente los seguros de crédito frente a impagos (CDS, por sus siglas en inglés) que no pasen por cámaras de compensación. "Estas transacciones son puramente especulativas y extremadamente peligrosas. Pueden utilizarse para desestabilizar los Estados o las empresas", sostiene Sapin.

Por lo que se refiere al principio de imposición, París apuesta por un compromiso "que hace ganar a todo el mundo". Consiste en aplicar el principio de emisión para determinar la base imponible (es decir, gravar las transacciones con acciones de empresas cuya sede social esté en uno de los 11 países participantes) y aplicar el principio de residencia para determinar el Estado miembro beneficiario del impuesto.

"Así, para una acción de una empresa francesa comprada por un banco portugués, el ingreso iría a Portugal. Si esta misma acción es comprada por un banco francés o por una entidad de un país que no esté entre los 11, el ingreso iría a Francia", señala Sapin.

CLÁUSULA FISCAL ANTI-ABUSO CONTRA LAS MULTINACIONALES

Finalmente, el Ecofin del viernes tratará además de cerrar un acuerdo para introducir en la directiva comunitaria sobre empresas matrices y filiales una cláusula anti-abuso jurídicamente vinculante cuyo objetivo es impedir la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva por parte de multinacionales como Amazon, Starbucks o Apple. Las negociaciones tendrán lugar en plena polémica por los acuerdos fiscales ventajosos firmados por Luxemburgo con multinacionales mientras Juncker era primer ministro.

Esta cláusula anti-abuso exigirá a los Gobiernos que eviten conceder los beneficios de la directiva a acuerdos fiscales que se han puesto en marcha únicamente para obtener un beneficio fiscal y o por razones comercialmente válidas que reflejen la realidad económica.