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Economía ha gastado casi 12,5 millones en informes y trabajos técnicos desde el inicio de la legislatura

El Ministerio de Economía y Competitividad ha gastado casi 12,5 millones de euros, entre el inicio de la legislatura y finales del mes de mayo, en informes, estudios externos y otros trabajos técnicos, destacando un contrato por una campaña de comunicación sobre la deuda que se llevó 977.100 euros y el servicio de gestión de tramitación de las patentes y otros títulos de propiedad industrial e intelectual del CSIC para los ejercicios 2014 y 2015 que ha costado algo más de un millón de euros.
Así se desprende de la respuesta del Gobierno al diputado socialista José Zaragoza, quien pidió información sobre el gasto en estas partidas realizado por el Ministerio en los últimos dos años y medio, detallado por tipo de informe, importe y empresa o experto contratado.
Según la respuesta, que recoge Europa Press, el total hasta el pasado 2 de junio asciende a más de 12,48 millones de euros, si bien no en todos los contratos figura incluido el IVA, por lo que la cifra final superaría ese dato. No obstante, en la información se incluye tanto la contratación del Ministerio como la de todos sus organismos dependientes.
DETALLADO POR DEPARTAMENTOS
En concreto, la Junta de Contratación del Ministerio ha destinado más de 5,03 millones de euros a estudios o trabajos externos, el mayor gasto en todo el departamento que dirige Luis de Guindos. Destacan los contratos de una campaña de comunicación de la deuda del Estado (977.100 euros), el servicio de atención e información telefónica de los Valores del Tesoro (566.762,4 euros) y la asistencia técnica para servicios relacionados con la atención a usuarios finales y mantenimiento y explotación de los sistemas informáticos de la Secretaría de Estado de Comercio (496.034 euros).
Le sigue en gasto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 2,32 millones destinados a estudios y servicios técnicos, incluyendo un contrato de algo más de un millón de euros para la tramitación de patentes y otros títulos de propiedad industrial e intelectual durante dos ejercicios, otro de 299.983 euros para la administración y gestión de las redes de comunicación y su seguridad, y otro de 198.440 euros por consultoría para el apoyo en la gestión y seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el programa 2007-13 denominado Junta de Ampliación de Estudios del CSIC.
La Secretaría de Estado de Investigación, por su parte, ha destinado a informes y otros trabajos 1,59 millones de euros, siendo los contratos más abultados los de asistencia a la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación en el control de las ayudas concedidas en el ámbito de la Innovación (266.000 euros) y la prórroga del contrato de servicio de conectividad entre las Baleares y Valencia con garantía de presencia de REDIRIS (210.524 euros).
Por encima del millón de euros de gasto en este ámbito (1,19 millones) también está el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), cuyos contratos de mayor precio han sido los de adaptación funcional de las aplicaciones de gestión económica y administrativa a la normativa (156.090 euros) y de desarrollo evolutivo de la aplicación de control y gestión de la actividad científica I+D (154.590 euros).
El resto de departamentos del Ministerio han gastado 614.713 euros la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 536.870 euros el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), 282.297 euros la Fundación Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (FCIEN), 254.810 euros la Dirección General de Comercio Interior, 213.459 euros el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias (INIA) y 176.360 euros la Fundación Central Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Le siguen los 104.678 euros del Instituto de Salud Carlos III, los 65.151 euros de la Fundación Centro Nacional de Investigación Cardiovascular (CNIC), los 22.470 euros del Instituto Español de Oceanografía (IEO), los 20.982 euros de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, los 14.700 euros del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), los 8.349 euros de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones y los 5.425 euros del Consorcio de Compensación de Seguros. Además, se destinaron 31.700 euros adicionales a pagar la colaboración de otros expertos científicos.
CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO
Por otra parte, los contratos de estudios e informes del Ministerio de Economía se han repartido entre más de 150 entidades, incluyendo empresas públicas, instituciones privadas, universidades y autónomos, además de expertos.
Entre las entidades públicas se cuentan por ejemplo el CSIC o el Real Instituto Elcano, mientras que las universidades beneficiadas por estos contratos incluyen a la Politécnica de Catalunya, a la Autónoma de Madrid, a la Rey Juan Carlos, a la Carlos III, a la de Valladolid o a la Miguel Hernández. También hay entidades extranjeras, como la Universidad de Ámsterdam o el American Institute for Research.
En cuanto a las empresas privadas, el listado incluye a El Corte Inglés, Gómez-Acebo y Pombo, PriceWaterhouse Coopers, Hewlett Packard, Indra o IBM Global Services España.
No obstante, la compañía que más contratos de este tipo ha firmado con Economía en lo que va de legislatura es ABG Patentes, S.L., que ha conseguido 17.103 euros tras firmar catorce contratos con la Fundación Centro Nacional de Investigación Cardiovascular Carlos III (CNIC).
Le siguen Alten Soluciones Productos Auditoría e Ingeniería, S.A., con 550.907 euros entre sus seis contratos con el CIEMAT y uno más con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; Telefónica de España, S.A., que ha firmado seis contratos con la misma Secretaría y un séptimo con el CSIC, por un importe total de 356.747 euros; y Nextel Engineering System, S.L., que con sus siete contratos con el CIEMAT obtuvo 111.372 euros.
Los contratos de mayor valor económico los obtuvieron Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., por las patentes y títulos de propiedad industrial del CSIC; y Darwin Publicidad, S.L., por la campaña de comunicación de la deuda del Estado.