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Montoro exige más rigor a Cataluña y Comunidad Valenciana

El déficit conjunto de las administraciones públicas se situó en el 5,16% del PIB al cierre de 2015, lo que supone alrededor de un punto porcentual más que el objetivo comprometido con Bruselas, que era del 4,2%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido el incumplimiento y ha adelantado recortes por valor de 24.000 millones de euros a lo largo de 2016. Además, ha exigido a Cataluña y la Comunidad Valenciana que sean "más rigurosas" en el gasto y más eficaces con el uso de los recursos públicos.

Montoro ha admitido que emplea un tono crítico con Cataluña desde hace tiempo porque el Ejecutivo catalán "dedicó el año pasado a convocar o no elecciones". "Así se trabaja muy mal", ha dicho. Con respecto a la Comunidad Valenciana, ha advertido contra quien la sitúa como "santo y seña de un gobierno en España" y ha esperado que no sea referente al menos en lo que respecta "a la corrección del déficit", en alusión al 'gobierno a la valenciana' por el que apuesta Podemos en su negociación con el PSOE.
El ministro ha criticado en general el trabajo de los nuevos gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del año pasado, "gobiernos de consenso que parece que no sirven más que para hacer anuncios de gasto, eso es perjudicar a la recuperación económica". Les ha exigido a todos un compromiso público con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. "Cuando están conmigo, es a lo que se comprometen", ha apuntado.
Montoro ha censurado que esos gobiernos regionales pidan más fondos a Hacienda para cubrir sus gastos y que culpen al sistema del estado de sus cuentas, cuando hay otras comunidades que en su situación de financiación sí han cumplido: Canarias y Galicia (el País Vasco, que también ha cumplido, tiene un régimen fiscal propio). "Eso demuestra que el objetivo, aún siendo ambicioso, se podía cumplir", ha señalado.
Ha asegurado que es "obligación" del Gobierno en funciones "empujar" a esas comunidades al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, sobre todo porque lo obliga Bruselas, y porque es responsabilidad de los miembros de la UE cumplir las reglas comunitarias. Y ha advertido a algún gobierno autonómico, sin citar ninguno, que si no cumplen ahora, quizá un día "tengan otras obligaciones que cumplir" pero "quizá no estén en la UE".
Ha dejado claro que las advertencias que se han establecido ahora serán suficientes para corregir la senda del déficit de las CCAA, que no será necesario llegar a la intervención de las cuentas autonómicas y que tampoco a su gobierno, en funciones, le daría tiempo. "Estamos aplicando las primeras medidas de la ley sin necesidad espero de llegar a tomar otras", ha reiterado.
"Siga hablando,pero pague"
Cristóbal Montoro ha sido muy crítico con los compromisos de gasto que anuncian algunos de los nuevos gobiernos autonómicos, aunque en ningún momento ha citado a ninguno. "Gobernar no es decir que las prioridades son todas y que alguien me financiará. ¿Quién es ese alguien? Los impuestos de los españoles y la confianza que generemos para que nos financien el déficit", ha dicho.
Ha añadido que gobernar es "elegir" y no lamentarse "todo el día de las necesidades de gasto". "Porque si eso es gobernar, llegamos a todos los acuerdos de gobierno que quiera", ha dicho, en lo que podría ser también una advertencia al futuro gobierno nacional que negocia el PSOE y a los 60.000 millones más de gasto que le plantea Podemos.
Ha exigido a los socios de los gobiernos autonómicos --"esta forma tan consorciada de gobernar en España"-- que no se "escuden unos en otros" para culparse de un aumento de gasto y que si quieren aprobar uno, también aprueben un ajuste por otro lado. Y que mientras vayan cumpliendo la reducción de déficit y deuda pueden seguir "hablando". "Diga todos los divertimentos que entienda, pero pague sin pestañear, que es a lo que obliga la ley", ha añadido.
Montoro ha insistido en la idea de que no se exige a los gobiernos autonómicos que reduzcan el gasto, que hagan ajustes, sino que empleen los 10.000 millones adicionales en 2016 para pagar el que tienen previsto y están ya ejecutando. "Vamos a ver si todos nos aplicamos sensatamente los compromisos a los que tenemos que llegar", ha subrayado. "En España no hay margen para gastar más si queremos consolidar la recuperación económica", ha sentenciado.
Déficit nacional
El déficit conjunto de las administraciones públicas se situó en el 5,16% del PIB al cierre de 2015, lo que supone alrededor de un punto porcentual más que el objetivo comprometido con Bruselas, que era del 4,2%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido el incumplimiento y ha adelantado recortes por valor de 24.000 millones de euros a lo largo de 2016.
Esta cifra equivale a unos 10.000 millones de euros de gasto adicionales y obligará a realizar nuevos recortes por unos 24.000 millones de euros a lo largo de 2016 para poder cumplir con el objetivo del 2,8% previsto para este año, todo ello en un contexto de incertidumbre política.
La desviación es consecuencia del incumplimiento por parte de las comunidades autónomas, que partían de un objetivo de déficit del 0,7% y que finalmente han cerrado el ejercicio en el 1,66% del PIB.
Además, la Seguridad Social ha registrado un déficit del 1,26% en 2015, siete décimas por encima del 0,6% previsto.
Estas desviaciones solo han sido en parte compensadas por el cumplimiento por parte del Estado, que registró un déficit del 2,7%, frente al 2,9% comprometido, y por los ayuntamientos, que alcanzaron un superávit del 0,44%, frente al equilibrio previsto.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado en rueda de prensa que se trata de "una nueva reducción del déficit" respecto a 2014, pero ha lamentado que es "insuficiente" para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas.
El dato definitivo de déficit público se conoce después de que Bruselas remitiera el pasado 9 de marzo una recomendación autónoma fiscal, en la que ya ponía el acento en el incumplimiento por parte de las comunidades autónomas.
Desde Bruselas se ha instado al Gobierno a que aplique las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el caso de incumplimiento de los compromisos de estabilidad fiscal por parte de las regiones.