España se expone a una sanción por su retraso en trasponer de la directiva sobre contratación pública

España se expone a la apertura de un eventual procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea por incumplir el plazo fijado para trasponer la Directiva sobre contratación pública, que vence este próximo mes de abril.

Así lo apuntó la patronal de ingeniería Fidex, que recordó que el anteproyecto de ley con el que el Gobierno pretendía trasladar esta normativa europea a la legislación española quedó pendiente del trámite parlamentario cuando el pasado año se disolvieron las Cortes antes de las elecciones.

De hecho, Fidex calcula que la nueva ley no estará lista hasta 2017 o 2018, dada la demora en la formación del nuevo Gobierno, la posibilitad de que el nuevo Ejecutivo modifique el texto del anteproyecto y los meses que supone la tramitación parlamentaria.

De esta forma, la trasposición de la Directiva se realizaría con más de dos años de retraso respecto al plazo marcado por Bruselas, según la patronal.

En un comunicado, apunta además que el anteproyecto redactado por el Gobierno actualmente en funciones "no recoge correctamente el espíritu" de la Directiva para evitar subastar proyectos de ingeniería, esto es, para adjudicarlos primando su precio sobre su calidad, y además aplicando bajas.

Ante este supuesto, Fidex defiende que se reconozca el carácter "intelectual" de los trabajos de ingeniería, de forma que para su contratación se primer su aspecto técnico sobre el precio propuesto.