La Eurocámara pide al G-20 que cree una tasa mundial sobre las transacciones financieras

En un informe aprobado por 476 votos a favor, 105 en contra y 72 abstenciones, los eurodiputados reclaman también poner coto a la manipulación política de los tipos de cambio y sugieren capitalizar por separado las actividades bancarias tradicionales.

El Parlamento apuesta además por un acuerdo mundial para aplicar un impuesto sobre las emisiones de CO2 a los servicios y productos importados.

Los diputados subrayan que el G-20 es un foro fundamental pero denuncian que adolece de deficiencias como el déficit de representatividad de los países pequeños, la falta de transparencia y responsabilidad democrática y la inexistencia de un fundamento jurídico que convierta sus decisiones en vinculantes.

La Eurocámara recalca que los tipos de cambio deben reflejar los indicadores fundamentales de mercado para reforzar la apertura y la flexibilidad y facilitar el ajuste económico. Por ello, los diputados reclaman a los miembros del FMI que respeten su compromiso de abstenerse de manipular los tipos de cambio.

El informe reclama un escaño para la UE en el FMI y en el Banco Mundial. Asimismo, aboga por un FMI más democrático, fuerte e independiente, con una elección abierta basada en el mérito de su director, y un incremento sustancial de los derechos de voto de los países en desarrollo y emergentes. El Parlamento también defiende una ampliación del mandato del FMI, de forma que pueda supervisar individualmente las economías de importancia sistémica.

La Eurocámara destaca la necesidad de desarrollar criterios adecuados para identificar las entidades financieras de importancia sistémica, con el fin de evitar la existencia de entidades *demasiado grandes o demasiado interconectadas para quebrar*. Por otra parte, anima al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea a que proponga medidas para proteger las actividades bancarias minoristas de las entidades de importancia sistémica y exigirles que las capitalicen por separado.

Los diputados abogan por la creación de un consejo internacional de bancos centrales integrado, en primer lugar, por los bancos centrales de la UE, Japón, Reino Unido y EEUU, con el mandato de coordinar las políticas monetarias, controlar la supervisión financiera y promover los derechos especiales de giro como divisa mundial de reserva.