La Eurocámara apoya aumentar el control sobre las divisas virtuales y tarjetas prepago

La Comisión Europea planteó en julio de 2015 una serie de modificaciones a la directiva europea contra el blanqueo de capitales con el objetivo de combatir la evasión fiscal, tras las revelaciones de los 'papeles de Panamá', y cortar la financiación de actividades terroristas.

Las dos comisiones europarlamentarias han adoptado este martes su posición con respecto a estas enmiendas y han aprobado iniciar las negociaciones con los Estados miembros, aunque el pleno de la Eurocámara debe aprobar primero esta postura.

En ellas, las comisiones han apoyado la propuesta de Bruselas de reducir a 150 euros la cantidad de dinero que se puede pagar de forma anónima con instrumentos como tarjetas 'prepago', desde los 250 euros que permiten las reglas vigentes.

Por otro lado, han compartido la opinión de incluir a las plataformas de cambio de divisas virtuales en el ámbito de la directiva, de forma que tendrán que aplicar controles de diligencia debida con respecto al cliente en el momento de cambiar monedas virtuales por monedas reales.

También han han defendido que las nuevas normas tienen que permitir el acceso a los registros de titulares reales de empresas a todos los ciudadanos europeos sin necesidad de que tengan que demostrar un "interés legítimo" para obtener la información.

De la misma forma, ha apoyado incluir bajo el espectro de la normativa a los fondos fiduciarios y "otros tipos de acuerdos legales que tienen estructuras o funciones similares a los fondos", que se tendrán que someter a los mismos criterios de transparencia que las sociedades con respecto a la necesidad de identificar a los titulares reales.

La propuesta de la Comisión Europea aboga por incluir en estos registros a los propietarios del 10% de determinadas sociedades que presenten un riesgo de utilización para fines de blanqueo de capitales y evasión fiscal, mientras que el umbral permanecerá en el 25% para el resto de compañías.

Por último, las medidas incluyen la introducción de registros centralizados de cuentas bancarias y de cuentas de pago en los Estados miembros, la armonización de los controles que los bancos y las instituciones financieras realizan en la UE y facilitar el fluyo de la información mediante las unidades de inteligencia nacionales.