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La Eurocámara ratifica la norma para reforzar la independencia de las auditoras

Los socialistas acusan al PPE y a los liberales de dejar la puerta abierta a nuevos abusos
La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha ratificado este martes por 13 votos a favor, 8 en contra y una abstención la norma cuyo objetivo es reforzar la independencia de las empresas de auditoría y potenciar la competencia en el sector, actualmente dominado por las 'Big Four' (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers).
La norma, que ya ha sido objeto de acuerdo con los Gobiernos de los 28, debe ser ahora respaldada por el pleno, probablemente en abril. El grupo socialista ha acusado al PP europeo y a los liberales de "sabotear" la propuesta original de la Comisión y de abrir la puerta a nuevos abusos como los de Enron o Parmalat por suavizar la exigencia de rotación obligatoria.
"El acuerdo va contra el espíritu de la propuesta original de la Comisión para introducir reglas más transparentes y una mejor separación entre los servicios de auditoría y de asesoramiento", ha dicho el eurodiputado socialista español Antonio Masip.
La norma impone la rotación obligatoria de las auditoras cada 10 años. Este plazo podrá prorrogarse otros 10 años si se lleva a cabo una licitación de los servicios de auditoría y hasta 14 años si la empresa auditada contrata a más de una auditora para revisar sus cuentas.
El acuerdo diluye así la propuesta original de Bruselas, que preveía una rotación obligatoria cada seis años -ampliable a nueve si se realizan auditorías conjuntas a cargo de al menos dos empresas-; así como un plazo transitorio de 4 años antes de que una auditora pueda volver a ser contratada por el mismo cliente.
La norma crea además una "lista negra" de servicios que las auditoras tendrán prohibido ofrecer a las compañías a las que auditen, en particular todos los relacionados con asesoría fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversión. El objetivo de esta medida es limitar el riesgo de conflictos de interés.
Finalmente, las nuevas reglas introducen un tope del 70% -basado en la media de tres años- a los ingresos que pueden obtener las auditoras por servicios no relacionados con la auditoría que no estén prohibidos.