Fitch alerta del riesgo de que las CCAA españolas disparen el gasto corriente en 2016

La agencia ve "probable" que la mayor sensibilidad hacia el gasto social de los nuevos gobiernos autonómicos surgidos en las elecciones regionales de mayo de 2015 puede materializarse en los presupuestos definitivos y advierte de que la evolución positiva de la recaudación fiscal puede añadir presión sobre el gasto corriente.

En este sentido, Fitch recuerda que los borradores presupuestarios de las comunidades elaborados el pasado mes de octubre indicaban un "crecimiento significativo" del 4,6% interanual en el gasto operativo.

"A pesar de la mejora en el entorno económico, el deseo de compensar los recientes esfuerzos de austeridad realizados puede llevar a algunos gobiernos regionales a elevar su gasto corriente por encima de lo presupuestado", apunta Fitch, destacando que siete de las once regiones calificadas prevén aumentar su gasto operativo por encima del 2%, incluyendo Valencia o Murcia, con incrementos del 8% y del 5,4%, respectivamente.

Por otro lado, Fitch subraya el compromiso del Gobierno central de apoyar a las autonomías en la refinanciación de sus vencimientos de deuda, que para 2016 se presupuesta en 25.000 millones de euros, lo que cubriría entre el 60% y el 70% de los vencimientos previstos para 2016.

El Gobierno no ha publicado aún la cifra comprometida con cada región, destaca la agencia, que estima en unos 15.000 millones de euros la cifra que las autonomías deberán financiar al margen del mecanismo facilitado por el Estado.

No obstante, Fitch considera que "actualmente existe en general un fuerte apetito para prestar a los gobiernos regionales" y subraya que no se prevén factores que hagan pensar en una retirada del apoyo estatal a la refinanciación de las regiones.

Por otra parte, la calificadora de riesgos recuerda que este año se esperaba una reforma del sistema actual de financiación autonómica, aunque el "estancamiento" político tras las elecciones generales ha demorado esta revisión, que podría incluir reformas de las políticas fiscales y en las responsabilidades de los gobiernos regionales.