Fondos de inversión alertan del "elevado riesgo regulatorio" en España ante el plan de carreteras

Fuentes de estos fondos de inversión han subrayado que el plan de carreteras, con obras de construcción y mantenimiento sobre unos 2.000 kilómetros de autovías y una inversión de 5.000 millones de euros, descansa en la financiación por parte del sector privado y se enfrenta al reto de atraer inversores internacionales.

En este sentido, han advertido que muchos de estos inversores internacionales se pensarán "dos veces" participar en el mismo ante el elevado "riesgo regulatorio" existente en España. Y si lo hacen, han alertado las mismas fuentes, exigirán mayores retornos sobre su inversión para cubrir dicho riesgo.

Estos fondos de inversión, muchos de los cuales han perdido dinero de manera directa o indirecta en sus inversiones anteriores en carreteras en España, han recordado que los ingresos de las concesiones no vendrán de peajes sino de pagos anuales cuasi-fijos por parte de la Administración, bajo la fórmula de pago por disponibilidad, ante lo que tendrán que afrontar el "riesgo regulatorio" nacionales.

Citan como ejemplo de ello la negativa del Gobierno a pagar a las concesionarias todos los préstamos participativos a los que se comprometió, resultando en la insolvencia de estas, arguyendo "falta de dotación presupuestaria". "Este, y no otro, es el factor principal que explica la quiebra de la mayoría de las llamadas radiales", han subrayado.

Igualmente, han recordado que el Ejecutivo no está al corriente del pago del reequilibrio en AP41 (Autopista de peaje Madrid-Toledo), "parecido a un pago por disponibilidad como el que se propone en el plan" y está forzando a la concesionaria a llegar hasta el Tribunal Supremo.

Han incidido, además, en que este tribunal dio la razón a la concesionaria sobre algo "tan obvio" como que ésta había sido dañada por la decisión unilateral del gobierno de no continuar la carretera de Toledo a Córdoba como estaba previsto.

En la misma línea, han recalcaldo que el Gobierno "ha acudido a todas las argucias posibles" para reducir y retrasar las obligaciones que adquirió en el anterior plan de carreteras.

Finalmente, han expuesto que un incremento de un 1% en el coste medio del capital resultará un coste adicional de 1.250 millones de euros para los contribuyentes. Un sobrecoste que, han señalado, el Gobierno puede evitar "cumpliendo con sus obligaciones" en las concesiones anteriores mediante el pago de la responsabilidad patrimonial de la administración "evitando litigiosidad resultante de mantener la actitud actual".