Gestha ve carencias en el acuerdo de PSOE y Ciudadanos, como que no se rebaje del IVA de los alimentos

En una nota de prensa, Gestha reconoce que uno de los aspectos más novedosos del acuerdo es la creación de un nuevo impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas, sustituyendo así al Impuesto sobre el Patrimonio, aunque considera que el gravamen debería ser permanente y no extraordinario, y que se debería armonizar en todas las comunidades autónomas.

En esta misma línea, celebran que se haya anunciado un primer paso en la reforma de los impuestos medioambientales, destinados a reducir las emisiones de CO2 y de óxidos de nitrógeno, aunque consideran que todavía hay margen para aumentar la recaudación en 726 millones para acercarse a la media de la Unión Europea.

En cambio, lamenta que el acuerdo haya dejado fuera aspectos de "vital remodelación", como la dualidad del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. Para Gestha, es "fundamental" que esta dualidad se reduzca y que aumente el número de tramos superiores de la escala, puesto que la recaudación del IRPF representa el 95,8% de la progresividad del sistema.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, Gestha calcula que, con el acuerdo, la recaudación sólo aumentará hasta los 2.600 millones de equipararse a la tributación en la zona euro, mientras que si se igualase a la media de toda la Unión Europea, el monto ascendería a 3.450 millones.

En este sentido, recuerda que la propuesta inicial del PSOE recogía una recaudación adicional de 7.300 millones al instaurar una tributación mínima del 15% a las grandes corporaciones empresariales, que actualmente tributan realmente a un tipo medio efectivo del 6%. De este modo, el acuerdo de ambas formaciones supone una caída de dos tercios de la recaudación adicional prevista inicialmente.

En el ámbito de la lucha contra el fraude, los técnicos creen que un estatuto de la Agencia Tributaria no evita las injerencias políticas, y que la autonomía y la neutralidad política se logran con una "relación clara" de las funciones de cada empleado público, la exigencia de responsabilidades en caso de incumplimiento y la existencia de un protocolo de denuncia de cualquier injerencia y de protección del denunciante.

BAJAR EL LÍMITE DEL DELITO FISCAL

Por otro lado, coinciden con el endurecimiento de las penas y el aumento de la prescripción de delito fiscal que proponen PSOE y Ciudadanos, si bien creen necesario bajar el límite actual para cometer delito fiscal desde los 120.000 euros hasta los 50.000 euros.

En cuanto a las Sicavs, recuerdan que su control fiscal ya lo ejerce la Agencia Tributaria, no así la supervisión y el control de los requisitos, los cuales están bajo el paraguas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, sugieren que se modifique la ley de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una Sicav de entre el 2% y el 5% del capital social.

Además, Gestha asegura que es "legalmente imposible" exigir 2.800 millones a las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal en 2012, ya que no es posible recaudar el 10% de los saldos y patrimonios aflorados que fueron adquiridos en 2007 y años anteriores por haber prescrito esa posibilidad desde junio y julio de 2012.

FALTAN MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO

Finalmente, lamenta que el acuerdo omita medidas del PSOE para mejorar la eficiencia y transparencia del gasto público, como el refuerzo de la plantilla y las funciones en la Intervención General del Estado (IGAE) o la ampliación del control permanente y las auditorias operativas en la Administración y en todos los entes públicos y las entidades privadas que reciben fondos públicos, incluidas las fundaciones.

Además, Gestha cree que es necesario diseñar elementos de control posterior que permitan la investigación de irregularidades y corrupción, y crear protocolos que garanticen que la externalización de servicios públicos no se presta con medios propios de la Administración. De hecho, es conveniente acabar con la privatización de las auditorías públicas por las que la IGAE paga cantidades millonarias cada año a empresas de auditoría por realizar una parte de su Plan Nacional de Auditorías.

Por último, el colectivo señala que debería establecerse un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto y del que debe controlarlo para evitar dispendios, gastos innecesarios o inversiones en infraestructuras poco viables o eficientes, así como una coordinación efectiva entre los órganos de control del gasto de las administraciones territoriales para complementar la Base de Datos Nacional de Subvenciones y ayudas concedidas.