Gestha dice que los intereses de la deuda se podrían pagar con igualar la lucha contra el fraude a la media UE

Durante su intervención en la Jornada parlamentaria sobre Fiscalidad organizada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Cruzado ha señalado que la economía sumergida y el fraude fiscal en España se sitúa entre el 20% y el 25% de la economía, lo que "equivale a más del 20% del PIB" y supone una diferencia con los países de nuestro entorno de entre diez y catorce puntos superior.

Así, según el último informe que publicó el sindicato de inspectores con datos de 2009, la economía sumergida entonces se estimaba equivalente al 23,3% del PIB, lo que supone que 240.000 millones de euros se escapaban del control público y que se dejan de recaudar 88.000 millones, entre tributación (55.000 millones) y cuotas de la Seguridad Social (29.000 millones).

"Superamos en más de diez puntos la media de los países de nuestro entorno. Esto supone que, sólo con ponernos al nivel de recaudación por lucha contra el fraude de nuestros vecinos podríamos recaudar 38.500 millones de euros, cifra equivalente al pago de intereses de la deuda de este año. Podríamos haber pagado esos intereses no acabando con el fraude, sino sólo con habernos puesto al nivel de nuestros vecinos", ha insistido.

PRUEBAS EVIDENTES.

Y, a su juicio, la dificultad para medir este fenómeno no es óbice para confirmar su existencia, ya que "existen pruebas que saltan a la vista" como, por ejemplo, el número de billetes de 500 euros que hay en circulación, y que llegaron a sumar los 114 millones de unidades.

"Ahora son 83 millones de billetes, que suman 41.600 millones de euros, según el Banco de España. Pero pese a ese descenso siguen suponiendo el 73% de los billetes en circulación --frente al 35% de la zona euro-- y el 66% del total de efectivo (billetes y monedas). Es decir, que suponen un tercio del total del dinero, y eso significa que tendríamos que tener cada uno entre uno y dos billetes de 500 euros en la cartera", ha ironizado.

Otra prueba de la existencia de fraude es que en 2011 sólo 5.600 españoles declararon rentas superiores a los 600.000 euros, lo que "no parece que se ajuste a la realidad", o que la caída en la recaudación por IVA se ha sostenido a lo largo de los años, incluyendo la época de mayor crecimiento económico del país.

Así, antes de la crisis el incremento del IVA devengado no se correspondía con el incremento de la actividad económica, lo que supone que existe una "actividad oculta importante" y, además, el IVA que se declaraba y se deducía se incrementaba "mucho más" que el IVA devengado, lo que conlleva que "también en la actividad no sumergida hay un factor importante de fraude".

En cualquier caso, Cruzado ha querido acabar con algunos mitos del fraude fiscal como que se da sobre todo entre los pequeños autónomos. "Nuestros datos dicen que más del 70% del fraude lo cometen las grandes empresas y los grandes patrimonios. Las pymes y autónomos suponen el 25% y el fraude no empresarial (alquileres sin declarar, valores escriturados por menor importe), apenas el 3%", ha cifrado.

PROPUESTAS DE GESTHA.

El presidente de Gestha se ha referido finalmente a los últimos cambios aprobados en materia de lucha contra el fraude por el Gobierno, que "ha pasado de negar el problema y acusar (a quienes lo denuncia) de crear alarma social a ya no poder negarlo", aunque ha criticado la amnistía fiscal del año pasado, que supone "un paso atrás" y que ni siquiera ha tenido los resultados que se pretendía.

Tampoco la declaración de bienes en el extranjero ha supuesto aflorar nuevos fondos ya que, a su juicio, las cuentas que se declararon "ya se estaban incluyendo en el IRPF", como demuestra que la cantidad regularizada por años no prescritos en los impuestos de la Renta y de Sociedades sea similar a la de otros años.

Con respecto a la entrada en vigor, en enero, del criterio de caja aplicable al IVA, Cruzado cree que su aplicación será "complicada" porque las grandes empresas "juegan" con la deducción de este impuesto incluso antes de pagar las facturas, por lo que "muchas personas que trabajan para estas grandes empresas no podrán modificar su sistema de devengo".

En relación con las SICAV, ha abogado por que su control vuelva a la Agencia Tributaria, en lugar de mantenerla en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y ha defendido la necesidad de limitar al 2% o 4% el máximo de titularidad de estos capitales para que una persona o una familia no pueda controlar la sociedad y "manipular" este régimen.

"Cuando se habla de esto siempre se dice que estos capitales se irían del país. Eso ya es contrario a la Constitución, pero además no es verdad, porque mientras haya paraísos fiscales la única forma de evitar que se vayan sería acabar con los impuestos. Es un argumento que no tiene sentido", ha añadido.

Por último, el presidente de Gestha ha planteado algunas de las propuestas del sindicato, como son hacer una "reforma profunda" de la Agencia Tributaria, mejorar la coordinación entre las administraciones tributarias, que haya un control parlamentario de los planes y su cumplimiento, que desaparezca el régimen de módulos y aprobar una reforma fiscal que mejore la equidad.