El Gobierno redobla su presencia en el FROB y saca a la banca del organismo dependiente del Banco de España

La comisión rectora del FROB seguirá estando integrada por nueve miembros, cuatro de ellos designados por el Banco de España. Sin embargo, contará con cinco representantes del Gobierno, en vez de dos, como antes, y no contará con los tres miembros en representación del Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito.

Hasta ahora, integraban el FROB en representación del sistema financiero, a través del FGD, el presidente de Caixabank y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Isidro Fainé, el vicepresidente del Banco Popular, Roberto Higuera, y Joaquín Vázquez López, procedente de Caja Rural del Sur.

Ahora los cinco representantes del Gobierno serán el secretario general del Tesoro, el interventor general de la Administración del Estado, el subsecretario del Ministerio de Economía, el director general de Política Económica y el director general de Presupuestos.

La futura norma que duplica la representación del Ejecutivo en el FROB también amplía la capacidad de actuación de este organismo para intervenir en la gestión de las entidades de crédito, en aras de garantizar la estabilidad del sistema financiero y de la economía en general hasta el punto de poder liquidarlas si lo estima necesario.

El decreto habilita al FROB a llevar a cabo una intervención temprana en una entidad en la que podría requerir el cese y sustitución de sus gestores, y a emprender un proceso de resolución ordenada o de concurso, que puede implicar la venta total o parcial de la entidad si considera "razonablemente previsible" que va a ser inviable en un futuro próximo. Asimismo, contempla la resolución ordenada "por razones de interés público".

PROTECCIÓN ANTE IMPUGNACIONES Y ACCIONES JUDICIALES.

Además de fortalecer su presencia en el FROB, el Gobierno avanza en la protección del organismo ante eventuales impugnaciones y reclamaciones judiciales. Así, elimina la posibilidad de ejercer la acción social de responsabilidad ante las decisiones del organismo y establece que la acción de impugnación caducará en un plazo de quince días.

Establece además que el Banco de España podrá alegar ante la autoridad judicial la imposibilidad material de ejecutar una sentencia que eventualmente estime las pretensiones de accionistas, socios, cuotapartícipes o acreedores.

También establece en quince días el plazo máximo para interponer un recurso por vía judicial contra los planes aprobados por el Banco de España ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.