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El Gobierno español debería ceder a la Justicia la solución a los abusos en preferentes, según FT

El Gobierno español debería ceder a la Justicia la resolución de los casos de abusos por comercialización incorrecta de preferentes, en vez de tratar de negociar una salida con Bruselas que minimice el impacto sobre los ahorradores, según un artículo de opinión del 'Financial Times' (FT).
"El Gobierno debería dar al poder judicial los medios para reconducir este proceso de forma justa y racional", considera el rotativo, tras estimar que la negociación que mantiene el Ejecutivo con la UE para resolver la situación "no es la forma de resolver el escándalo".
Asimismo, FT considera que para restablecer la confianza en las entidades nacionalizadas que comercializaron participaciones preferentes mediante prácticas inadecuadas el Gobierno español debería asegurarse además de que se asumen las responsabilidades correspondientes.
"Los nuevos gestores de las entidades financieras implicadas deberían comprometerse a llevar a cabo un comportamiento más transparente", estima FT.
El diario destaca que algunas entidades ya están asumiendo este cambio, si bien apuesta por una modificación legislativa que garantice la protección de los inversores ante prácticas incorrectas como las registradas en el pasado.
"Madrid acierta en defender los intereses de los inversores engañados, pero el plan del Gobierno español (de negociar con Bruselas) no es la vía para resolver el problema", concluye el diario.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy negocia una solución con Bruselas para enjugar las pérdidas de los inversores en participaciones preferentes, productos complejos que se colocaron entre ahorradores sin cultura financiera.
Las negociaciones se centran en la asunción de una quita inmediata sobre la inversión principal ('haircut' en jerga financiera en inglés) que luego se recuperaría a plazo. "Bruselas se debería resistir a este plan", defiende el rotativo.
FT estima que algunos casos de venta incorrecta de participaciones preferentes son tan flagrantes y atroces que la asunción de pérdidas por parte de los inversores podría desatar una reacción contra el Gobierno y los bancos, hasta el punto de traducirse en una retirada de depósitos que deteriorara significativamente la situación de algunas de las entidades comercializadoras.