Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Gobierno actualiza la norma sobre el sistema de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el real decreto por el que se regula el potencial de producción vitícola.
En concreto, con esta nueva norma se deroga el real decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, y se modifica el real decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.
Con esta normativa se pretende mejorar la aplicación en España del sistema de autorizaciones de viñedo, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 a partir de la experiencia acumulada.
Las principales modificaciones introducidas son la inclusión de dos nuevos criterios de admisibilidad, de un nuevo criterio de prioridad para los solicitantes de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, consistente en priorizar aquellas superficies de replantación en el marco del incremento del tamaño de pequeñas y medianas explotaciones.
Además, se adelanta el calendario de plazo de presentación de solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones al 15 de enero, así como la publicación por el Ministerio de la decisión de la superficie disponible para nuevas plantaciones al 15 de diciembre.
Agricultura ha destacado que ests medidas permitirá una "mejor planificación" del sector. En particular, el nuevo criterio de prioridad permitirá, además de priorizar aquellas pequeñas y medianas empresas con mayor interés en cada una de las comunidades autónomas, incrementar el número de grupos de prioridad y que se reduzca el número de solicitudes admitidas parcialmente, en beneficio de solicitantes y administraciones.
Por otro lado, se establecen disposiciones para que las regiones y los órganos de gobierno de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs) tengan mayor peso en la toma de decisiones en materia de las limitaciones a nuevas plantaciones. Además, se elimina la posibilidad de aplicar limitaciones en el ámbito geográfico de una Indicación Geográfica Protegida (IGP).
El Departamento ha precisado que este real decreto entrará en vigor el 1 de agosto de 2017 y será aplicable a la convocatoria de solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones de 2018.