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El Gobierno contradice a los sindicatos al negar que Tragsatec tenga altos cargos

El Gobierno asegura que la empresa Tragsatec "no cuenta con altos cargos" y que doce de los directivos del ente público han sido incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE), negando así las afirmaciones de los sindicatos, que se quejan de que en las diferentes reducciones de plantilla de los últimos años se ha despedido de manera recurrente a trabajadores pero a ningún alto cargo.
Así consta en una respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien hace unos meses preguntó al Ejecutivo por la "macroestructura" directiva de la compañía, filial de Tragsa perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que está inmersa en un ERE que afectará a 399 trabajadores.
La líder de la formación magenta se hacía así eco de las críticas de los trabajadores, que aseguran que las reducciones de plantilla, además de tener una "justificación controvertida" en base a sus resultados operativos, sólo afectan a los empleados mientras que los puestos directivos se habrían "multiplicado" en los últimos ejercicios dando lugar a una "macroestructura desproporcionada".
SÍ HAY EVENTUALES
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo afirma que Tragsatec "no cuenta con altos cargos" ni ha incorporado a ningún efectivo de esa categoría en los últimos cinco años, aunque sí reconoce la existencia de 1.526 empleados eventuales, a diciembre de 2013, cifra que no obstante se habría reducido en 522 personas en un solo ejercicio. Además, asegura que el número de "posiciones de organigrama --que incluye directores, subdirectores y gerentes-- excedentarias e incluidas en el ERE asciende a doce".
Con respecto a la justificación de la "macroestructura" de la empresa por la que preguntaba Díez, el Ejecutivo recuerda que Tragsatec tiene un "objeto social amplio" que justifica la existencia de tres direcciones adjuntas, nueve subdirecciones y 23 gerencias sólo en Madrid. Además, cerca de 4.500 personas prestan servicio en esta compañía, repartidos en los 60 centros de trabajo de todo el país.
Asimismo, defiende que la "amplia actividad de la empresa" también es causa de esta amplia estructura directiva, y señala que gracias a ello el cierre de ingresos de 2013 se estima en unos 212 millones de euros, un 6% por encima de lo previsto en el Presupuesto Anual Operativo del ejercicio.
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
La portavoz parlamentaria de UPyD también recordaba que Tragsatec no ha tenido pérdidas en los últimos ejercicios contables, alcanzando en 2012 una cifra de negocio superior a la de 2006, y que en los dos últimos ejercicios el gasto en personal ha disminuido de manera significativa aunque las partidas presupuestarias no hayan apenas variado.
A este respecto, el Ejecutivo señala en su respuesta que, con fecha de octubre de 2013, la empresa había recibido 694 encomiendas de gestión por un importe de 206,21 millones de euros, una cifra algo inferior a la del ejercicio anterior, donde se alcanzaron los 209,42 millones a través de 655 encomiendas, de las cuales el 57,5% correspondían a la Administración central frente al 41,5% de las comunidades autónomas y el 1% de diputaciones, ayuntamientos, cabildos y otros clientes.
Estas cifras distan mucho de las que se habían alcanzado en los ejercicios anteriores, con 1.044 encomiendas por 363,88 millones en 2011, 1.074 encomiendas por 462,64 millones en 2010 y hasta 487,97 millones por 1.177 encomiendas en el año 2009.
¿Y LA PAGA EXTRA?
Finalmente, Rosa Díez quería saber el destino que se dio a las cuantías correspondientes a la paga extraordinaria de Navidad de 2012 que fue suprimida por el Gobierno, después de que los sindicatos denunciaran que esas cantidades fueron "contabilizadas en el balance contable como activos, dando lugar a un aumento de beneficios que repercutió de manera directa en el salario variable de los directivos de la empresa" y que no tuvo ninguna repercusión directos en los presupuestos de la Administración.
En respuesta, el Ejecutivo se limita a recordar que la supresión de esta paga se aplicó a todos los trabajadores del sector público y recuerda que se decidió destinar esas cantidades "en ejercicios futuros" a aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.
"En el momento actual no se puede considerar probable que exista una obligación presente, por lo que no procede la dotación de una provisión por las sociedades mercantiles públicas en relación con dichas aportaciones, debiendo informarse en la memoria de las cuentas anuales de la contingencia derivada de las posibles aportaciones a realizar", añade el Gobierno.