El Gobierno quiere impulsar una reforma "integral" de la Ley Concursal

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para defender la convalidación del real decreto ley que recoge el último paquete de medidas anticrisis del Ejecutivo, Caamaño señaló que la "propuesta de actuación integral concursal" tratará también las condiciones para declarar insolvente a una empresa de forma voluntaria o necesaria (cuando lo pide un acreedor).

Esa propuesta también analizará la posición de los trabajadores en el procedimiento concursal -muy criticada ahora sobre todo por los sindicatos- y "la coordinación de las acciones de responsabilidad contra los administradores" de empresas insolventes.

También incluirá el estudio de las especialidades procedimentales para atender los casos de sobreendeudamiento de los consumidores y las familias.

Caamaño hizo este anuncio durante la defensa del real decreto ley que incluye el sexto paquete de medidas para hacer frente a la crisis y una reforma de la Ley Concursal y que hoy fue convalidado por el Congreso de los Diputados.

El real decreto ley, aprobado el pasado 27 de marzo por el Consejo de Ministros, contó hoy con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo por entender que debía ser tramitado como proyecto de ley, y de UPyD, que votó en contra.

En él se rebaja del 7 al 5 por ciento el interés de demora (el que se aplica a la liquidación de deudas entre Hacienda y los contribuyentes), y se mantienen indefinidamente las deducciones por inversiones en I+D+i.

También recoge la cobertura estatal de los riesgos de impago empresariales y de las pérdidas que causan a las aseguradoras de crédito para facilitar operaciones comerciales, por un importe de hasta 40.000 millones de euros, al tiempo que se mejora el aval del Estado a las emisiones de deuda de entidades financieras.

La reforma de la Ley Concursal incide en la refinanciación de deuda de empresas para evitar concursos de acreedores innecesarios y agiliza los trámites de los despidos para que los trabajadores de empresas afectadas por un concurso de acreedores cobren más rápido.

Desde la oposición, el PP justificó su oposición al real decreto por su deseo de que se tramitara como proyecto de Ley para que fuera "consensuado" y hecho con "estabilidad y criterio".

Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, señaló que este real decreto "impulsa" la economía productiva y la internacionalización de las empresas españolas.

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, defendió el real decreto porque la crisis económica "justifica la urgencia", mientras que desde IU, Gaspar Llamazares aseguró que la iniciativa "agilizará los trámites concursales", aunque lamentó que con la reforma de esta ley se haya dado "un paso adelante y dos atrás".

Desde ERC, Joan Tardá consideró que la reforma de la ley Concursal es "positiva" y que el resto de contenidos del texto "van en el buen camino porque fomentan la continuidad empresarial".

La diputada de BNG Olaia Fernández mostró su apoyo al real decreto por la "urgencia" que requieren las medidas, mientras que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, lo criticó porque estas modificaciones deberían tramitarse como proyecto de Ley.

En cambio, el diputado del PSOE Jesús Quijano defendió la necesidad de tramitar la reforma de la ley Concursal como real decreto y no como proyecto de ley, porque o se hace "ya" o "no tendrá sentido hacerlo".