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El Gobierno cree que difundir demasiada información sobre la Sareb podría tener "consecuencias indeseadas"

El Gobierno cree que difundir demasiada información sobre la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) --el llamado 'banco malo'-- podría tener "consecuencias indeseadas", ya que otras empresas podrían usar esos datos "en su beneficio" y poner así a la entidad en una situación de desventaja competitiva.
Así lo señala en respuesta al diputado de CiU Carles Campuzano, quien el pasado mes de noviembre registró una pregunta parlamentaria para saber el número de viviendas que la Sareb gestiona en las comarcas catalanas de El Garraf, Alto Penedés y Anoia.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo señala que una "mayor difusión de información sobre la actuación de la Sareb" más allá de la prevista en su normativa reguladora podría tener "consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico para esta sociedad".
"No hay que olvidar que la Sareb opera en un marco de libre competencia y que existen una serie de empresas en el mercado realizando sus mismas actividades. La revelación de información adicional podría ser usada en su beneficio por el resto de las empresas del sector y, por lo tanto, supondría otorgar a dichas empresas una ventaja competitiva que iría en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector público y la economía en general", añade el texto.
NUEVO ARGUMENTO
Con esta respuesta, el Gobierno añade un nuevo argumento a los que había utilizado hasta la fecha cada vez que algún grupo parlamentario requería información sobre el 'banco malo'. Hasta ahora, recordaba que la participación pública en el capital de la sociedad es inferior al 50%, por lo que la institución es una entidad jurídico-privada sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, que "impone a los administradores el deber de secreto respecto a las informaciones de carácter confidencial y la obligación de guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que pudieran tener consecuencias perjudiciales para el interés social".
Ahora, también se recuerda este carácter jurídico de la sociedad pero se apela a renglón seguido a que "debido a la participación del sector público" en la Sareb y la "importancia de su actividad para la estabilidad financiera", se ha articulado un "régimen específico" de suministro de información.
Este régimen consiste en la remisión por parte de la Comisión de Seguimiento de la Sareb de un informe semestral a las Cortes y la publicación de otro documento cada seis meses en la página web del 'banco malo' para conocimiento general.
"Cualquier solicitud de información sobre la Sareb que se salga de los cauces previstos en la normativa no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada", añade el Ejecutivo, apostillando que "se está a la espera de que los informes referidos al primer semestre del año sean remitidos en breve".