El Gobierno calcula que la fusión de siete organismos supervisores supondrá un ahorro de 28,15 millones

El Gobierno calcula que la unificación de siete organismos supervisores --actualmente en vigor o pendientes de creación-- en una única Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supondrá un ahorro bruto anual de 28,15 millones de euros.

Así consta en la memoria de impacto que acompaña al proyecto de ley de Creación de la Comisión, a la que ha tenido acceso Europa Press y en la que se analizan las consecuencias de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 27 de septiembre de integrar bajo un mismo paraguas a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta el presupuesto de la nueva CNMC (que saldrá de los Presupuestos Generales del Estado), los costes que supondrá la integración y puesta en funcionamiento de este órgano, el coste del traspaso de ciertas funciones actualmente en manos de los organismos supervisores a sus ministerios correspondientes, así como los ahorros por la desaparición de los actuales organismos y los ingresos que generarán las nuevas tasas que recoge el proyecto de ley.

AHORROS POR PARTIDAS.

En conjunto, se estima que la propuesta "puede suponer" unos ahorros brutos anuales de alrededor de 28,15 millones de euros, de los que 18,75 millones procederían de la no puesta en funcionamiento del CEMA, la CREA y el Consejo Nacional del Juego (CNJ).

Otros 9,41 millones anuales de ahorro procederán de la eliminación de altos cargos de los organismos existentes, ya que se pasará de 50 a nueve consejeros (3,59 millones de ahorro), así como de los altos cargos de los organismos que no llegarán a crearse (5,22 millones de ahorro sólo en el CNJ).

En cuanto al ahorro en gastos de funcionamiento, ascenderá a 5,82 millones, partiendo de una "estimación conservadora", según la cual "las economías de escala podrían suponer sólo el 10% de los gastos de funcionamiento actuales. Si se amplía la estimación al 15% el ahorro potencial se eleva a los 8,73 millones y si se incrementa hasta el 20%, se podrían ahorrar hasta 11,64 millones al año. Además, la supresión del CEMA, el CNJ y la CREA supondrá un ahorro bruto en gastos de funcionamiento de 17,11 millones por ejercicio.

COSTES DE LA CNMC.

Por otra parte, la nueva Comisión tendrá unos gastos estimados de 49,7 millones al año entre los 485 efectivos (excluidos los altos cargos), que costarán 27,02 millones; y los gastos de funcionamiento, que ascenderán a 22,66 millones.

No tendrá que abonar, sin embargo, los 9,11 millones de euros que cada año cuestan los 90 trabajadores que actualmente se reparten entre los diferentes organismos y que ahora pasarán a prestar servicio en los ministerios correspondientes, que también recibirán los créditos que hasta ahora se transferían a cada comisión.

MEJORAS EN LA COMPETENCIA.

Según el Gobierno, la unificación de estos organismos supervisores conllevará también un impacto positivo sobre la competencia, ya que permitirá un "enfoque más coherente con los principios de competencia y de mercado" en los diferentes sectores, además de que "se eliminará el riesgo de que los organismos sectoriales y la autoridad de competencia adopten criterios divergentes" en la resolución de conflictos.

El nuevo CNMC se centrará así en "velar por la competencia de estos mercados de forma integral", pudiendo hacer "las recomendaciones que consideren adecuadas" al Gobierno y a las administraciones públicas.

"El fortalecimiento de la independencia de la nueva autoridad contribuye a que sus medidas sean adoptadas con imparcialidad y con el solo interés de alcanzar mercados verdaderamente competitivos y sin condicionantes de naturaleza política o privada", añade la memoria.

Todo ello conllevará, por otra parte, beneficios para los consumidores y usuarios, ya que el aumento de la capacidad de competir redundará en "precios más flexibles, competitivos y coherentes con las condiciones de la demanda en cada momento". Y, a la postre, todo tendrá "beneficios para el conjunto de la sociedad, ya que la competencia fomenta la innovación y la continua mejora de la calidad".

Otros efectos positivos de la norma que menciona el Gobierno son la reducción de las cargas impositivas a las empresas, el fortalecimiento de la protección al consumidor, o la reducción de tiempos de espera en los procedimientos de autorización de concentraciones y nuevas instalaciones energéticas, y en los procedimientos sancionadores.

"La reducción a medio plazo de la carga impositiva soportada por las empresas en forma de tasas como consecuencia de las economías de escala y las sinergias derivadas de la fusión refuerza los beneficios enumerados y, además, al reducir los costes generales de funcionamiento de las empresas aumenta su margen para destinar este ahorro a otros fines, como la contratación laboral o la inversión", espera el Ejecutivo.

En cualquier caso, reconoce que "esta reducción puede no materializarse en un primer momento, sino hasta que se normalice la operativa de la nueva Comisión y de los ministerios afectados por la reestructuración competencial".