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El fiscal general remite al Gobierno la respuesta a la denuncia europea sobre irregularidades en El Musel

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha remitido al Gobierno la respuesta a la denuncia que la Oficina Europea Antifraude (OLAF) ha presentado ante la Comisión Europea (CE) recomendándole que exija a España los 198 millones de fondos comunitarios destinados al proyecto de ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, y que no abone los 49,5 millones aún pendientes de pago.
En declaraciones a los medios antes de comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso, Torres-Dulce ha sido preguntado por la información que este miércoles publica 'El País' según la cual la OLAF ya habría elevado a la CE su informe sobre las irregularidades en el Puerto de El Musel, recomendando al Ejecutivo comunitario que reclame las ayudas concedidas a este proyecto.
Y es que según la Oficina Antifraude, se han detectado irregularidades tanto en el procedimiento de adjudicación de la obra como en los precios abonados por la piedra con la que se rellenó el puerto. Asimismo, alerta de falta de control de España en este proyecto y denuncia que la UTE encargada de la obra --formada por Dragados, FCC, Sato y Alvargonzález-- obstaculizó la investigación.
"Me imagino que la Abogacía del Estado y los demás órganos del Estado estarán estudiando las posibles medidas en respuesta a esa petición de la UE, peticiones que siempre hay que entender de la manera más respetuosa", se ha limitado a decir, al ser preguntado por las consecuencias de este informe, que aún no se ha hecho público y del que 'El País' informa citando a fuentes próximas a Bruselas.