El Gobierno retrasa al 3 de julio la aprobación del techo de gasto en el Consejo de Ministros

Con este anuncio, realizado en los pasillos del Congreso, Montoro aplaza una semana la aprobación del techo de gasto, previsto inicialmente para el viernes de esta semana.

La explicación es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera como primer trámite, una reunión que no se ha podido celebrar todavía como consecuencia de las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo, que hace que algunas regiones aún no tengan renovado su ejecutivo.

HABRÁ REUNIÓN TAMBIÉN EN JULIO.

A este respecto, el ministro se ha hecho cargo de la situación pero ha recordado que hace falta "dar pie a la tramitación formal" del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que empieza con el techo de gasto.

Además, ha asegurado que "en su momento" también habrá una convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y que "más avanzado" el mes de julio se volverá a convocar a la CPFF, ya con los nuevos equipos conformados y con "otro contenido".

Una vez aprobado el techo de gasto por el Consejo de Ministros, debe ser ratificado por el Congreso y el Senado. En principio, la Cámara Baja tiene previsto celebrar dos sesiones plenarias extraordinarias en julio --la primera y la segunda semana--, una de las cuales incluirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el Consejo Europeo de esta semana.

En el orden del día de una de estas dos sesiones se incluirá, previsiblemente, el debate sobre el techo de gasto de modo que el Senado también tenga tiempo de aprobarlo para que el Ejecutivo pueda remitirlo a Bruselas en tiempo y forma. Así, daría tiempo a que Hacienda presente su proyecto de Presupuestos de 2016 antes del 30 de septiembre, si bien la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales hará imposible su debate.

PRESUPUESTOS EXPANSIVOS.

Aunque Montoro adelantó hace unos días que el techo de gasto se mantendrá en la línea de los tres últimos ejercicios para mantener la reducción del déficit público y comenzar a bajar la deuda del Estado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí ha anunciado su intención de incluir nuevas reducciones fiscales --al margen de las ya prevista en la reforma fiscal-- en los Presupuestos si las cifras lo permiten.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que dado el cambio en la coyuntura económica las cuentas del año próximo serán diferentes a las de los ejercicios pasados. No obstante, ella sí aseguró que el techo de gasto se aprobaría este viernes, 26 de junio.

Así, tras el recorte del 3,2% del techo de gasto en 2015 las cuentas públicas del próximo año contarán con un límite de gasto más generoso, dado que la mejora de la economía española (el Gobierno prevé un crecimiento del 2,9%) y de los ingresos públicos no obligará al Ejecutivo a realizar demasiados ajustes y, todo ello, sin comprometer además la consecución del objetivo de déficit en 2016, situado en el 2,8% del PIB.

Junto con la esperada mejora de los ingresos el próximo año, en la que el Gobierno confía porque hasta abril los ingresos impositivos están creciendo a un ritmo superior al 6,5%, en 2016 seguirá cayendo tanto el gasto en prestaciones por desempleo, que llegó a superar los 30.000 millones de euros anuales, como el coste por los intereses de la deuda, que también se está reduciendo por la mejora de los mercados financieros.

Con todas estas previsiones, el equipo de Hacienda prepara un aumento del techo de gasto para el próximo año, que además debe recoger la segunda parte de la rebaja del IRPF y del Impuesto de Sociedades, que supondrá un merma de ingresos de más de 4.000 millones de euros.

Pese a ello, está previsto, según fuentes del Ministerio de Hacienda, que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos reciban en 2016 más dinero que este año, como consecuencia de liquidaciones pendientes del modelo de financiación autonómica y por la mejora de los ingresos, con lo que tendrán más fácil cumplir sus objetivos de déficit, situados en el 0,3% del PIB para las regiones y en equilibrio para las corporaciones locales.

No se planteará, por tanto, una nueva reducción del gasto público en términos absolutos, sino una contención de su incremento, de manera que no será necesario realizar nuevos ajustes a la baja porque no serán necesarios para consolidar los objetivos de déficit público.