El Gobierno cierra esta semana con los sindicatos la OEP de 2017 y la subida de salario

El Ministerio de Hacienda ha citado para el martes a los sindicatos, a una reunión previa a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que tendrá lugar previsiblemente el miércoles o en todo caso el jueves, cuando se fijarán las cifras definitivas a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio que el Consejo de Ministros presentará y aprobará el viernes, según precisaron las mismas fuentes.

La última cifra consensuada entre Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada el pasado miércoles en el marco de las negociaciones previas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Pública era de una oferta de al menos 250.000 plazas para convertir a interinos en fijos en un periodo de tres años, con lo que se reduciría la tasa de interinidad actual del 25% al 8%.

Fuentes de CSIF destacaron que en la última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda se avanzó en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.

En concreto, Función Pública estaría dispuesto a aceptar que, junto a Sanidad, Justicia y Educación, los ámbitos en los que ya se había llegado un acuerdo de reposición del 100% de los trabajadores jubilados, también se extrapole a los referidos a los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían ámbitos como el de las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por su parte, fuentes de UGT explicaron que la reunión no fue concluyente, aunque destacaron que en materia de empleo hay un posicionamiento "más cercano".

AUMENTO DE SALARIO

Tanto UGT como CC.OO. piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.

Asimismo, también pedían junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

En materia salarial, las mismas fuentes señalaron que la negociación está "encallada", ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser superior al 1%, para que no sigan acumulando pérdida de poder adquisitivo el IPC del 3% actual.

Los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.

De esta forma, Hacienda comunicará la cifra de aumento de los salarios de los empleados públicos para este año esta semana, cuando se establecerán las cifras definitivas previo a la aprobación de los Presupuestos el 31 de marzo.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de las cuentas públicas, estas entrarán en el Parlamento los días 3 ó 4 de abril y se prevé que la votación de las enmiendas a la totalidad se produzca en la primera semana de mayo.

Si se supera ésta, el proyecto de Ley pasará a la Comisión de Presupuestos, donde se producirán las comparecencias de los secretarios de Estado de cada Ministerio y concluirá con un dictamen tras debatir las enmiendas.

La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas podría producirse la última semana de mayo. Si el Gobierno logra que sus cuentas superen esa votación, las cuentas pasarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.

Tras este trámite, el Ejecutivo espera que el Congreso de la aprobación definitiva la tercera semana de junio y las cuentas de 2017 vean la luz con la que sería la mayor oferta de empleo público convocada desde el inicio de la crisis.