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El Gobierno dice que los últimos datos europeos sobre fraude no tienen en cuenta los cambios fiscales

La CE calculó en 15.000 millones anuales las pérdidas solo en IVA
El Gobierno quita hierro a los datos de un informe de la Comisión Europea (CE) en los que se cifra en 15.000 millones de euros anuales las pérdidas para las arcas públicas que supone únicamente el fraude en el pago del IVA, y asegura que ese documento no tiene en cuenta los cambios tributarios aplicados durante lo que va de legislatura.
Así se lo hace saber a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien el pasado mes de septiembre preguntó por el 'Estudio para cuantificar y analizar la brecha de IVA entre los estados miembros de la UE-27', en el que la CE señala que entre 2008 y 2011 España perdió casi 65.000 millones de recaudación por IVA por culpa del fraude y la evasión fiscal así como por otros factores como el aumento de los concursos de acreedores.
La diputada de la formación magenta quería saber si el Ejecutivo tenía intención de aplicar algunas de las recomendaciones planteadas por la CE --entre otras, simplificar las declaraciones del IVA, abrir ventanillas únicas o eliminar las excepciones legales que se presten a interpretaciones arbitrarias--.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, se limita a señalar que el informe de la Comisión incluye los años de 2000 a 2011, por lo que "no tiene en cuenta los efectos recaudatorios" derivados de las modificaciones normativas aprobadas con el decreto de julio de 2012 para subir el IVA al 21% o de la Ley de lucha contra el fraude fiscal.
TODOS LOS MEDIOS PARA ELLO
"La Agencia Tributaria dedica todos sus medios humanos y materiales a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y a la persecución de los incumplimientos de la normativa tributaria", añade el Ejecutivo.
A renglón seguido, precisa que el Plan de Control Tributario de 2013 dedicaba "especial atención" a las áreas de riesgo de pérdida de ingresos fiscales por IVA como son la economía sumergida, los pagos o cobros no declarados, la infravaloración de productos importados, las operaciones intracomunitarias, el régimen de estimación objetiva o el comercio electrónico, entre otros.
Esta respuesta parlamentaria coincide con la publicación, esta misma semana, de un estudio del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) según el cual la economía sumergida se situó en 253.000 millones de euros al finalizar 2012, lo que supone 60.000 millones de euros más respecto al comienzo de la crisis en 2008, lo que ya representa el 24,6% del PIB.