El Govebierno catalán multa a Aigües Ter Llobregat con 4 millones por infracciones "graves" en la gestión

El Govern ha impuesto una multa de 4.035.000 euros a la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL) por infracciones "graves" en la gestión, ha anunciado el conseller de Territorio, Josep Rull, que ha añadido que la Generalitat no ve causa para rescindir el contrato porque las irregularidades no han afectado al servicio a los ciudadanos ni a la tarifa.

Lo ha dicho en una comparecencia en el Parlament por el informe de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) que alertaba de irregularidades en la gestión de ATLL --incluyendo facturas no autorizadas o justificadas por importe de unos 13 millones entre 2013 y 2015 con posible responsabilidad fiscal y penal-- y pedía la resolución del contrato por posibles infracciones muy graves.

Rull ha explicado que ATLL contrató a empresas del grupo Acciona sin la autorización pertinente de la administración y debilitó el papel supervisor público al no convocar al representante de la Generalitat a las reuniones no presenciales del consejo de administración, pero no hay pruebas de que ello haya provocado "daño".

La multa propuesta por la Generalitat --comunicada este miércoles y a la que ATLL puede alegar-- corresponde a 5.000 euros por día por el tiempo de facturación irregular a través de dos sociedades no autorizadas por la administración: ATLL Operadora y Acciona Agua (la primera operacional y la segunda de servicios de asistencia técnica).

"Hemos de ser extraordinariamente rigurosos a la hora de gestionar las concesiones, no podemos tolerar que se produzcan irregularidades", ha aseverado Rull, agregando que no hay causa para resolver el contrato, aunque ha habido un funcionamiento inadecuado que puede ser calificado de grave --pero no muy grave, y tampoco leve--.

ACTUACIÓN DILIGENTE DEL GOVERN

El conseller ha afirmado que el Govern será implacable con las irregularidades probadas, actuando "en consecuencia y proporción" ante hechos demostrados, y ha defendido la actuación diligente por parte de la Generalitat, ya que la Agencia Catalana del Agua (ACA) detectó irregularidades de contratación y exigió su cese inmediato antes del informe de la OAC.

"El Govern hizo las cosas adecuadamente y consiguió parar esta situación. Se tomaron las medidas necesarias", ha sostenido, asegurando, tras ser preguntado por los grupos parlamentarios, que los mecanismos de control han funcionado y que la Generalitat vela por el interés general, el bien común y la transparencia.

Ha añadido que una concesión no se controla yendo cada tres meses a la reunión del consejo de administración, que ha considerado que es el elemento menor de control, sino que se controla con el seguimiento del plan de obras a diez años, el conocimiento de las pérdidas de agua, y las auditorías.

'LÍNEA ROJA' PARA LA CUP

La diputada de la CUP Mireia Boya ha considerado insuficiente zanjar las irregularidades en ATLL con una multa, y ha insistido en la oportunidad de que la gestión del agua en alta en el área de Barcelona vuelva a ser pública en vez de una concesión a 50 años.

"Esperamos que se replantee el hecho de poner solo una multa", ha dicho al conseller, recordando que ATLL es una 'línea roja' para la CUP que puede influir en la negociación de los Presupuestos de 2016.