En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos por 6.000 millones que están pendientes de cobro.

Según ha explicado, en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria "el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales muy tortuosos".

Para evitar esta situación, la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas que eviten la situación de insolvencia de los deudores con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda.

Prohibir pagos de más de 2.500 euros

El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal también incluye la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos, y la obligación de declarar el patrimonio que se tenga en el extranjero.

En este último caso, la vicepresidenta detalló que la falta de declaración provocará la "imprescriptibilidad" de la renta no declarada y, por tanto, la posibilidad de perseguir y liquidar la deuda, las sanciones correspondientes y los intereses generados "en cualquier momento en el que fuera detectada".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que los objetivos de este anteproyecto de lucha contra el fraude son "ganar equidad tributaria y aumentar la recaudación", si bien no ha querido dar cifras concretas de cuánto se podría ingresar gracias a esta normativa.