Hacienda y sindicatos comienzan a negociar hoy el nuevo convenio del personal laboral del Estado

Se trata de una primera toma de contacto a nivel técnico, ante la que fuentes de Hacienda han asegurado que existe "buena sintonía". Por parte de los sindicatos la batería de peticiones es amplia, entre ellas que la falta de definición de un nuevo Gobierno no paralice la ejecución de los compromisos ya adquiridos por el Ejecutivo actualmente en funciones.

Este convenio, que agrupa a personal de ministerios, organismos autónomos o delegaciones, sucederá al III Convenio único que fue denunciado a finales del pasado año.

Entonces, el sindicato CSI-F ya avanzó que entre sus reivindicaciones en el nuevo periodo de negociaciones estarían un incremento salarial que paliase progresivamente la disminución de poder adquisitivo sufrido durante los últimos años, la recuperación de las plantillas o la vuelta a la jornada de 35 horas semanales.

Fuentes del sindicato además reclaman ahora que "la situación política no puede ser un obstáculo para avanzar en las condiciones laborales de los empleados públicos". "Estas cuestiones no pueden paralizarse", añaden.

Por otro lado, a la espera de que el Parlamento vaya retomando la normalidad con la formación de las comisiones, CSI-F prevé una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que se aborde un pacto de Estado en materia de Administraciones Públicas.

Según señalan desde el sindicato, este pacto debería incluir de entrada un plan urgente de recursos humanos para determinar las necesidades de las plantillas y convocar una oferta de empleo público acorde a la situación.

REJUVENECER LAS PLANTILLAS.

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) también reclama un Plan de Ordenación de Recursos Humanos que "rejuvenezca y redimensiones las plantillas actuales".

El sindicato señala que, según el último Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas, más del 60% de los empleados de la AGE son mayores de 50 años, y avisa de que se deben tomar medidas para poder garantizar en un futuro la prestación de los servicios públicos que la ciudadanía demanda, más aún cuando, fruto del "gran desencanto y frustración" de los empleados, se ha producido una "avalancha" de jubilaciones voluntarias.