Hoy termina el plazo para presentar escritos ante la Audiencia Nacional por el caso Fórum

Varias asociaciones de afectados por la estafa de la empresa de bienes tangibles interpusieron por la vía contencioso-administrativa un recurso por el que reclaman al Estado que asuma su "responsabilidad patrimonial" en la estafa de Fórum Filatélico.

Los consumidores acusan al Ministerio de Economía y Hacienda de un delito de omisión en su función de control y supervisión de las actividades económicas de consumo, así como de falta de diligencia a la hora de adoptar medidas para proteger a los ahorradores y de la ausencia de una regulación específica para el sector.

Concretamente, desde la Asociación de Afectados Fórum Filatélico, que agrupa a más de 32.000 clientes, reclaman al Ejecutivo una cantidad que asciende a 3.000 millones de euros.

En declaraciones a Efe, la representación legal de la asociación explicó que en el momento de los hechos no existía una ley que regulara el mercado de bienes tangibles, aunque matizó que eso no exime de responsabilidad a los supervisores financieros, que permitieron durante 25 años las "actividades financieras no reguladas" de Fórum Filatélico.

Además, mostró su esperanza de que la sentencia se dicte antes de final de año, y que sea favorable a los afectados.

En caso de que la Administración les devolviera todo el dinero reclamado, el Estado ocuparía su lugar en el concurso de acreedores que se tramita en estos momentos en los juzgados de lo mercantil, y se convertiría en acreedor de Fórum.

Sobre el plan de liquidación de Fórum Filatélico que fue aprobado el pasado enero por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Santiago Senent, y que prevé pagar de forma inmediata el 10% de las inversiones de los clientes y de las deudas de los acreedores ordinarios -328,74 millones de euros-, el abogado aseguró que sus clientes ya han percibido la citada cantidad.

Actualmente, la Audiencia Nacional también tramita una querella criminal contra los antiguos gestores de Fórum por los delitos de estafa, blanqueo, administración desleal e insolvencia punible.