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IU-ICV-CHA defiende mañana en el Congreso una reforma fiscal para recaudar más con equidad y progresividad

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley en la que recoge modificaciones a varias leyes tributarias con el objetivo de recaudar más pero con criterios de equidad y progresividad, de tal manera que la mayor presión fiscal "gravite sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica" que, además, tienen "una propensión marginal menor a consumir" por lo que la demanda no se verá tan afectada.
La propuesta, que recoge Europa Press, parte de la base de que el problema en España "no es de gasto público, sino de ingresos", agravado a su entender por la "desfiscalización" promovida por los diferentes gobiernos en los últimos años, que ha conllevado una pérdida de progresividad del sistema, además de por la "falta de voluntad política clara" en la lucha contra el fraude.
Así, IU-ICV-CHA reconoce que el actual Ejecutivo ha tomado algunas medidas tributarias positivas, pese a que "la de mayor potencial recaudatorio" --la subida del IVA-- es "regresiva", y que también ha aprobado "medidas puntuales positivas orientadas a la prevención y lucha contra el fraude" que, sin embargo, se han visto "oscurecidas" por la 'amnistía fiscal'. En cualquier caso, la coalición considera que "son medidas absolutamente insuficientes ante la dimensión del problema".
"La estrategia de consolidación fiscal en forma de severos ajustes presupuestarios, por su intensidad y plazos, es contraproducente en términos de demanda agregada y nos ha conducido a una nueva recesión. Lo sensato es mantener cierto estímulo público que sólo deberá perder intensidad cuando la economía retome la senda de la recuperación, y asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas con una lucha decidida contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal en profundidad", defiende la Izquierda Plural.
CAMBIOS EN IRPF Y SOCIEDADES.
Así, la primera parte de la proposición de ley plantea modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), pasando por mantener de forma indefinida el complemento de la cuota íntegra estatal que se estableció con carácter temporal en el año 2011.
Además, proponen modificar el método para determinar el rendimiento neto en estimación objetiva, de tal manera que se reserve este sistema para las actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final.
"La generalización de las herramientas informáticas permiten que en la actualidad sea razonable exigir a los pequeños empresarios que lleven y conserven sus libros registros obligatorios a efectos fiscales y sus facturas", argumenta la Izquierda Plural.
Asimismo, cree que "siguen resultando desproporcionadas las magnitudes que permiten acogerse al sistema cuando las comprobaciones llevadas a cabo por las unidades de módulos demuestran que cuanto mayor es el volumen de operaciones más difiere, en términos absolutos y relativos, la tributación teórica respecto al beneficio real" por lo que pide que dichas magnitudes se reduzcan hasta "el nivel de una actividad de subsistencia".
En tercer lugar, la Izquierda Plural plantea integrar en la tarifa general del tributo a los rendimientos del capital, incluyendo las plusvalías generadas en menos de dos años, y considerar como rentas del ahorro únicamente a las plusvalías generadas por transmisiones de bienes o derechos con una antigüedad mínima de dos años, que se amplían a seis en el caso de transmisiones de inmuebles. En este sentido, introducen como excepción la transmisión de la vivienda habitual por una causa objetiva que obligue al cambio de domicilio.
La propuesta también elimina la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales con el resto de rendimientos e imputaciones de renta, y también la de realizar dicha compensación en ejercicios posteriores. Se suprime asimismo la posibilidad de compensar las pérdidas patrimoniales del juego hasta el límite de las ganancias, y se limita la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones.
Con respecto al régimen fiscal especial para trabajadores desplazados, la Izquierda Plural considera que sólo aporta beneficio a los clubes deportivos que fichan a jugadores extranjeros con altísimas retribuciones, y que no ha conseguido el objetivo de atraer directivos de multinacionales y, con ellos, las sedes de las empresas. Por ello, pide que se derogue este sistema.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, la iniciativa pasa por limitar la compensación de bases imponibles negativas a los periodos no prescritos y establecer un tipo del 35% para las bases superiores al millón de euros para evitar que las empresas de mayor dimensión disfruten de un tipo efectivo muy inferior al nominal y, en muchas ocasiones, incluso menor que el tipo efectivo medio de compañías de menor tamaño.
NUEVOS GRAVÁMENES.
Por otra parte, la propuesta de la Izquierda Plural reclama la creación de un Impuesto sobre Bienes Suntuarios, de otro sobre las Transacciones Financieras y de un tercero sobre la Riqueza que sustituya al actual Impuesto sobre el Patrimonio. También se exige eliminar la subida de los tipos general y reducido del IVA, y fijar un tipo del 0,2% en el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, así como permitir a las comunidades autónomas establecer recargos en dicho gravamen.
Con respecto a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), que a juicio de IU-ICV-CHA sólo sirven para "eludir la tributación de millonarias plusvalías y dividendos" po parte de los patrimonios familiares, se reclama una modificación de la ley para evitar "abusos", extendiendo el límite máximo de participación (5% del capital) a todas las modalidades de sociedades de inversión financieras, evitando así el control de la sociedad y obligando al partícipe que quiera invertir o adquirir un bien a reembolsar su participación y tributar por la renta del ahorro diferido, según la diferencia entre el valor liquidativo y el de adquisición.
Finalmente, la propuesta recoge una serie de medidas para intensificar la lucha contra el fraude, tales como evaluar el nivel de economía sumergida en España, mejorar la coordinación entre administraciones, potenciar la organización de los recursos humanos o garantizar una mayor información sobre las actividades en paraísos fiscales.