IU-ICV exige que la Garantía Juvenil se aplique a los 4 meses de quedar en paro o terminar curso de formación

Así consta en el más de un centenar de enmiendas parciales que la coalición ha registrado en el Congreso al 'macrodecreto' de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que se tramitará como proyecto de ley en dos sesiones de la Comisión de Economía que tendrán lugar la próxima semana.

Según las enmiendas, que recoge Europa Press, la intención de la Izquierda Plural es poner negro sobre blanco el plazo máximo en el que la Administración está obligada a ofrecer un curso o contrato a los jóvenes de 16 a 25 años acogidos a la Garantía Juvenil. Un periodo que la Unión Europea había establecido en cuatro meses, pero que no se recogía expresamente en el 'macrodecreto'.

En relación con este programa, también se sugiere reducir de 90 a 30 días el periodo previo en el que el joven no puede haber recibido formación para acceder a la Garantía, de modo que se amplíe el número de beneficiarios; y que el riesgo de exclusión o los ingresos de la unidad familiar también sean tenidos en cuenta para ordenar la lista única de demandantes, además de otros criterios como la edad o el tiempo que se lleva en el paro.

SIN BONIFICACIONES

IU-ICV-CHA cree además que hay que suprimir todas las bonificaciones a la contratación porque "no sirven para crear empleo" nuevo. De hecho, proponen una evaluación exhaustiva de todos los programas de incentivos de este tipo que existen actualmente, de modo que los recursos se puedan utilizar para hacer frente al paro juvenil de un modo más eficiente.

Para ello, plantean la posibilidad, por ejemplo, de que todas las actividades formativas que se incluyan en el marco de la Garantía Juvenil pero que no comporten la firma de un contrato de formación y aprendizaje sí conlleven la percepción de una beca.

Por otra parte, la coalición pide que se refuercen los recursos humanos y materiales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y que este organismo se encargue de hacer el seguimiento --junto con los agentes sociales-- de las medidas de la Garantía, incluyendo la publicación trimestral de la información estadística relevante.

Frente a esto, la Izquierda Plural aboga por no ampliar las funciones permitidas a las empresas de trabajo temporal y recuperar para ellas el silencio administrativo negativo y la autorización administrativa previa inicial de un año con obligatoriedad de dos prórrogas anuales para obtener el permiso ilimitado. Con respecto a las agencias de colocación, pide expresamente que se prohíban las que tienen fines lucrativos.

MEDIDAS FISCALES

En materia fiscal, las enmiendas parciales pasan por exigir que sean los bancos los que paguen la plusvalía municipal derivada de las operaciones de dación en pago, así como por incrementar del 0,03% propuesto al 0,2% el tipo aplicable en el Impuesto sobre depósitos bancarios, que además podría ser aumentado discrecionalmente por las comunidades autónomas, de modo que la recaudación sea como mínimo de entre 2.000 y 3.000 millones de euros.

La Izquierda Plural aprovecha también este 'macrodecreto' para recuperar sus propuestas de protección ante la pobreza energética, comenzando por aplicar el tipo reducido del IVA (10%) a los suministros domésticos de gas y electricidad que son "necesarios para el bienestar y la salud".

En la misma línea, se reclama introducir en la Ley de Hidrocarburos un precio social para los consumos mínimos vitales de gas natural y butano para colectivos especialmente vulnerables, diferenciando según el número de miembros de la familia y la época del año. Esta medida debería repercutirse sobre las propias suministradoras, a las que debería prohibírseles además el corte por impago en ciertas condiciones o de los servicios esenciales.

También se requiere del Gobierno un Plan contra la Pobreza Energética y, en un plazo máximo de seis meses, también sendos proyectos de ley de Energía Renovable, Eficiencia Energética, y Eficiencia Energética de Edificios.

AUDITORÍA ENERGÉTICA

En el ámbito energético, las propuestas de la Izquierda Plural pasan también por prohibir expresamente el fracking y por presentar un plan de desmantelamiento de la planta Castor. Asimismo, se propone configurar un grupo de trabajo con el Gobierno, las comunidades autónomas, la Agencia de Protección de Datos, las asociaciones de consumidores, las empresas y otros expertos para proponer una normativa sobre al plan de instalación de contadores inteligentes.

Además, IU-ICV-CHA reclama que en un máximo de tres meses se realice una auditoría energética independiente que analice la composición del déficit tarifario, la sobrecapacidad del sistema gasista y los conceptos prescindibles del sistema, entre otros aspectos, de cara a plantear una reforma integral del sector.

De hecho, también se exige suprimir la previsión de impedir cualquier norma sobre el mercado del gas que suponga una reducción de los ingresos para los operadores, y se reclama que si se produce déficit de tarifa gasístico se lleve a cabo una auditoría para determinar quién debe asumir ese coste.

Finalmente, se plantea recuperar el anterior sistema de retribuciones e incentivos para las instalaciones eléctricas de cogeneración, renovables y a partir de residuos.

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE AENA

La Izquierda Plural cuenta entre sus enmiendas con un amplio paquete para suprimir todos los aspectos del 'macrodecreto' relativos a la transformación del gestor aeroportuario en Enaire y a la preparación para la privatización parcial de Aena, al considerar que esa medida "no responde al interés general ni al beneficio público".

O, al menos, pide que se reconozca el papel de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos, que debería realizarse de forma individualizada para cada infraestructura y con carácter descentralizado. En este sentido, se pide que en el plazo de un año se haya creado un organismo de gestión de cada aeropuerto en el que tenga participación la comunidad autónoma respectiva.

La misma propuesta se hace para los puertos de interés general, para los que debería establecerse un sistema descentralizado y territorializado del nuevo Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario, que a juicio de IU-ICV debería ser gestionado por las comunidades autónomas con competencias en la materia.

En cuanto al Registro Civil, se reclama retrasar al menos hasta julio de 2017 los cambios que le afectan, eliminar su "privatización" en beneficio de los registradores de la propiedad y mercantiles, reforzar que no se cobre nada a nadie por ningún trámite necesario, incluidos los expedientes; y retrasar en un año, hasta 2016, la unificación del sistema informático, de modo que se dé tiempo a culminar su creación.

Finalmente, se incluyen algunas enmiendas relativas al respeto de las competencias autonómicas y también para suprimir la liberalización de horarios comerciales y la imposición de las zonas de especial afluencia turística.