IU-ICV exige una renta mínima individual de 530 euros mensuales, variables según la situación familiar

La iniciativa, que recoge Europa Press y que se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja, parte del derecho constitucional de los ciudadanos a contar con prestaciones sociales "suficientes ante situaciones de necesidad", un derecho que el Estado no está garantizando actualmente, a juicio de la coalición de izquierdas, a la luz de los datos de paro y pobreza que sufren los españoles.

Y es que desde el comienzo de la crisis no sólo se ha incrementado el número de parados, sino que muchos han perdido ya todas las prestaciones por desempleo, como demuestra el que la tasa de cobertura quedara en el 58,8% a finales del pasado mes de junio, siendo más de la mitad de los que son beneficiarios de alguna modalidad asistencial.

"Ésta es, sin duda, una de las causas, aunque no la única, del aumento de la pobreza en España", cree la Izquierda Plural, que advierte de que "la pobreza, e incluso la pobreza extrema, está alcanzado a sectores sociales que hasta hace muy poco estaban en situación de seguridad" como las parejas con hijos a su cargo o las familias monoparentales.

GARANTIZAR PRESTACIONES "SUFICIENTES"

Así, para luchar contra la "evidente cronificación de la pobreza y de la exclusión social", IU-ICV aboga por que los poderes públicos cumplan con su "obligación" de garantizar "de manera real y efectiva unas prestaciones suficientes". Y, por ello, propone al Congreso que así se lo pida al Ejecutivo.

En este sentido, incluso plantea cómo debería regularse esta Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía, una prestación no contributiva a la que deberían tener derecho de forma individual todos los ciudadanos mayores de edad o menores emancipados que vivan legalmente en España y que carezcan de rentas de cualquier origen superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Un índice que también sería la referencia para calcular la cuantía de esta renta que, por tanto, estaría fijada actualmente en los 532,51 euros mensuales. No obstante, la idea de la Izquierda Plural es que tanto el acceso a esta ayuda como su cantidad se pueda modular en función de las diferentes situaciones familiares, de modo que no se exijan las mismas rentas a una familia con hijos que a alguien que viva solo.

Acceder a esta renta mínima daría además el derecho a su beneficiario a acceder a programas de inserción profesional, laboral o social, y no podría rechazar ninguna oferta laboral "adecuada" que se le haga mientras cobre la prestación. En este sentido, habría que regular los supuestos de compatibilidad de los ingresos derivados del trabajo (incluyendo la regulación específica de los contratos parciales o temporales) sin perder el derecho a la renta.

PAGADA POR EL ESTADO PERO GESTIONADA POR LAS COMUNIDADES

IU-ICV-CHA apuesta por que esta ayuda se financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque "sin que esté sujeta a disponibilidades de carácter presupuestario", pero su gestión correspondería a las comunidades autónomas y los servicios sociales municipales, que podrían mantener otras prestaciones económicas complementarias para la misma finalidad.

De este modo, se "armonizaría" en todo el país el acceso a una misma prestación ante la necesidad de los ciudadanos. No obstante, el establecimiento de esta renta mínima de ciudadanía sí conllevaría la supresión de otras prestaciones o ayudas económicas a cargo del Estado con el mismo objetivo.