IU-ICV reclama un índice de precios oficiales de servicios financieros con una tarifa social mínima

En la iniciativa, que recoge Europa Press, se critica las "condiciones abusivas" que las cajas y bancos han "impuesto históricamente" a sus clientes a través de las comisiones por los servicios financieros o la falta de transparencia en las mismas, situación especialmente grave en España e Italia, según criticó en 2011 el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier.

"Esta situación de indefensión histórica de las personas usuarias de los servicios financieros, se puede ver agravada por el proceso de reestructuración del sistema financiero", advierte IU-ICV-CHA, señalando que la reforma del sector está llevando a una "nueva situación de oligopolio" por la concentración "excesiva" de las entidades financieras, que provoca limitaciones a la competencia y mayores abusos, y a la par a una "exclusión" de estos servicios por razones territoriales y sociales.

SUBIDAS POR ENCIMA DEL IPC

Así, en los últimos años las comisiones bancarias han "subido mucho más que el IPC", sobre todo las que están ligadas a servicios básicos como el mantenimiento de cuentas, tarjetas, obtención de dinero en cajeros o hipotecas.

Esta tendencia, junto con el incremento de precios de servicios básicos como la luz o el agua, está causando "problemas importantes en personas con escaso poder adquisitivo", sobre todo en colectivos como el de los pensionistas, que con el nuevo factor de revalorización desligado de la inflación verán cómo estas subidas se 'comen' el incremento de sus cuantías de un 0,25% este año.

Por eso, la Izquierda Plural cree que es necesario desarrollar medidas destinadas a reducir los precios de las comisiones bancarias, como por ejemplo establecer legalmente un índice de precios oficiales de los servicios financieros, y crear una "tarifa social mínima" para las personas con unos ingresos que no superen en 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.

Asimismo, la coalición reclama con su iniciativa que se adapten las prácticas bancarias españolas a la normativa europea sobre control de la falta transparencia, para "asegurar el asesoramiento adecuado y la información a los consumidores", y que se implementen las medidas necesarias para evitar la exclusión financiera generada por la concentración bancaria.