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IU califica de "cortina de humo" la futura reforma fiscal del Gobierno y rechaza una subida de los impuestos indirectos

Reclama que se eleve al 35% el impuesto de sociedades para las grandes empresas y una tipificación penal más rigurosa del delito fiscal
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha anunciado este lunes que su partido impulsará una serie de contrapropuestas ante la reforma fiscal que está preparando el Gobierno y que ha descrito como una "cortina de humo". Además, se ha pronunciado en contra de una posible subida de los impuestos indirectos.
"El Gobierno está lanzando una nueva cortina de humo", y lo que preocupa a IU es que el objetivo de la reforma pueda ser "favorecer a determinados sectores del poder económico" y "ampliar los impuestos indirectos", ha declarado en una rueda de prensa.
Según el diario 'El Mundo', el Ejecutivo pretende mantener los ingresos fiscales y reducir el gasto hasta el 40 por ciento del PIB, para que en 2016 el déficit se haya rebajado al 3 por ciento, de manera que la reducción de unos impuestos conllevará el aumento de otros.
PROPUESTAS
Frente a eso, Izquierda Unida va a llevar al Parlamento una serie de medidas que se "contraponen" a la política fiscal del Gobierno y que se basan en el Artículo 31 de la Constitución, según el cual "todos debemos pagar en función de lo que tenemos y lo que ganamos", ha explicado Lara.
Así, su partido abogará, según ha indicado, por la unificación de la base imponible de la tributación de los salarios y del capital para que los trabajadores dejen de pagar "proporcionalmente más impuestos al Estado que los beneficios del capital", por el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras y por elevar al 35 por ciento el impuesto de sociedades para aquellas empresas con una base imponible superior al millón de euros.
Asimismo, IU pedirá "una tipificación más rigurosa del delito fiscal en el Código Penal" y una reforma de la Agencia Tributaria, "para que de verdad cumpla con todas sus obligaciones y con una orientación más clara y decidida contra los grandes defraudadores fiscales", y la derogación de la reforma que aumentó el IVA.
Lara ha dicho que si el Gobierno opta por rebajar los impuestos a las rentas del trabajo, eso "sería una medida positiva", pero ha señalado la necesidad de que al mismo tiempo se aumente la carga impositiva sobre los beneficios del capital ya que, según ha apuntado, solo aportan un 12,5 por ciento de los ingresos fiscales del Estado.
En general, IU considera que en España debería incrementarse la presión fiscal para acercarla a la media de la Unión Europea, porque si se hiciera eso, "podría haber 90.000 millones euros más en la Hacienda públicas", ha destacado.
HACER FRENTE AL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA
Por otro lado, Lara ha afirmado que su partido reclamará la rectificación del Artículo 135 de la Constitución --que se modificó en 2011 para plasmar el principio de estabilidad presupuestaria-- y una auditoría de la deuda pública para "plantar cara al pago de intereses".
Sobre este último punto, ha dicho que esa auditoría serviría para determinar "qué parte de la deuda es legítima y cuál es ilegítima". "Los acreedores tendrán que empezar a entender" que "probablemente no deben percibir intereses" de las inversiones que hicieron y a lo mejor tendrán que percibir "incluso menos que el principal" como consecuencia de la existencia de una "deuda ilegítima", ha detallado.
En este contexto, ha calificado de "insoportable" la situación actual, en la que el Estado para en intereses una cantidad equivalente a 3,6 puntos del PIB, y ha subrayado que, puesto que hay déficit en las cuentas públicas, lo primero que hay que hacer es reducirlo para eliminar "una parte importante de la dependencia" que se tiene de la financiación exterior.
Respecto al objetivo del Gobierno de bajar el déficit cuatro puntos de aquí a 2016 para llegar al 3 por ciento del PIB, el coordinador federal de IU ha advertido de que alcanzar ese objetivo significará "más política de recortes en el gasto público" y, por lo tanto, "menos personal del sector público en servicios esenciales" como sanidad y educación, "menos empleo" y un aumento de la "política de privatizaciones".