Iberdrola limita la cifra de consejeros y Galán dice que no es el momento de ACS

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, recalcó en su intervención que no es el "momento oportuno" para que ACS, su principal accionista, entre en el órgano de gobierno de la compañía.

La Junta de Iberdrola, con una participación, directa y representada, del 77,9 por ciento del capital, aprobó hoy incorporar a sus Estatutos la reforma del Reglamento del Consejo que se había efectuado en octubre.

Con este cambio, se mantiene en quince el número de miembros del Consejo de Administración y se elimina el límite de edad máxima para ser consejero, que estaba situado en 70 años y que habría supuesto, de no ser modificado, la retirada en 2010 de dos de los actuales miembros.

Además, la Junta acordó la ratificación de la consejera independiente Samantha Barber, nombrada durante este ejercicio, por lo que no queda ninguna vacante en el Consejo de Administración y ACS no podrá formar parte del mismo, como ha solicitado formalmente.

Respecto a la petición de ACS, Sánchez Galán dijo, a preguntas de un accionista, que "el consejo lo estudiará en el momento oportuno y este momento no es el momento oportuno" para ello.

"No permitiremos que nadie use los recursos de los accionistas en beneficio propio y en detrimento de los demás", recalcó el presidente de Iberdrola antes de señalar que "no tendremos ninguna oposición a una oferta buena por el cien por cien (de la compañía), pero sí (la tendremos) si es para especular con el valor de la compañía".

Galán, que pidió disculpas a un accionista por haber defendido en su día la presencia de ACS en el accionariado de la compañía", calificó de "intentona bastarda" el proyecto, no confirmado finalmente, de la constructora y de la eléctrica francesa EDF de quedarse con Iberdrola.

El presidente explicó que el objetivo de Iberdrola para 2009 es conseguir un beneficio bruto y ordinario superior al de 2008 y repartir un dividendo por acción similar al de este ejercicio.

En 2008 el beneficio neto de Iberdrola fue de 2.860 millones de euros, un 21,3 por ciento más que en 2007, y la remuneración por acción con cargo al ejercicio fue de 0,332 euros, lo que supone un incremento del 20 por ciento.

Para mantener el crecimiento en los próximos años, Iberdrola iniciará una "tercera fase" de "consolidación", tras el crecimiento orgánico hasta 2006 y la expansión internacional del periodo 2007-2010.

Esta fase se basará en la construcción de centrales hidráulicas en Portugal y Brasil, el crecimiento de la energía eólica en Europa y Estados Unidos y el desarrollo de nuevas centrales nucleares, especialmente en el Reino Unido.

Por otra parte, el presidente de Iberdrola pidió un "gran acuerdo general" contra la crisis económica que incluya a los partidos políticos, administraciones, empresas y sindicatos.

Galán abogó por un modelo de crecimiento basado en la "economía real, con proyectos industriales a largo plazo, y no basado en operaciones especulativas".

El presidente de Iberdrola reclamó reformas estructurales para mejorar la productividad, especialmente en cuanto a la liberalización y fomento de la competencia en los mercados de bienes y servicios y en el energético.

Para ello, consideró necesario impulsar el diálogo social, alcanzar acuerdos políticos entre los partidos y conseguir la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones.

De esta forma, Galán coincidió con la propuesta hecha, en el mismo escenario del Palacio Euskalduna de Bilbao, por el presidente del BBVA, Francisco González, en la última Junta General del banco.

El presidente de Iberdrola señaló que en la "profunda crisis internacional" actual es "imprescindible" apoyar a sectores "tractores" como los de infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía.

En cuanto al mercado energético español, se mostró confiado en que el "problema estructural del déficit tarifario" (diferencia entre los ingresos y los costes del sistema) esté "próximo a ser solucionado definitivamente" mediante el aval del Estado a la titulización de los derechos de cobro. "El Gobierno se ha comprometido a eliminar este lastre", recalcó.