Iberdrola demanda a Bankia por las pérdidas en la salida a Bolsa del banco

En concreto, la compañía decidió acudir a la OPS de Bankia mediante la suscripción de títulos por valor de casi 70 millones de euros, de los que se desprendió posteriormente.

Iberdrola reclama una cuantía de 12,4 millones de euros, equivalente a las pérdidas sufridas en su inversión en la OPS tras deshacerse de los títulos de Bankia a un precio inferior al que fueron adquiridos debido a la evolución bursátil a la baja de la entidad financiera.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tomó la decisión de participar en la salida a Bolsa de Bankia tras analizar la única documentación dispuesta por Bankia para ello, el folleto informativo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En mayo de 2012, Bankia procedió a reformular sus cuentas, aflorando unas pérdidas de 2.977 millones de euros en 2011, frente a un beneficio anunciado de 309 millones de euros, reflejando así que la situación de la entidad era bien distinta a la que contenía el folleto con el que realizó su OPS.

Posteriormente, se produjo el rescate de la entidad financiera, cuyo principal accionista es el Estado, y el cambio en su cúpula directiva.

Por tanto, Iberdrola se basó en una representación errónea de la situación económica y financiera de Bankia y, en consecuencia, de los riesgos de su inversión y de sus previsiones de rentabilidad, señalaron las mismas fuentes.

Según adelanta hoy 'El Confidencial', Iberdrola, como otros inversores institucionales, ha tomado la decisión de demandar al banco tras la sentencia 23/2016 del Supremo, en la que se pone de manifiesto que "el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales".

El pasado mes de febrero, Mapfre también aseguró que no descartaba reclamar por su inversión realizada en la salida a Bolsa de Bankia en 2011.

Por su parte, Mutua Madrileña cerró la puerta a demandar a la entidad financiera por la salida a Bolsa, pese a que no compartía el criterio del Tribunal Supremo, que apoyaba a los minoritarios pero defendía que los inversores institucionales tenían otro tipo de información sobre la operación.