Imputado un consejero delegado y un empleado de Banco Inversis Net por presunta estafa a un cliente

Tras tomar declaración a los presuntos responsables, el juez ha rechazado archivar el caso y ha decidido en un auto continuar la investigación, por lo que ha pedido a la Fiscalía y a la acusación particular que presenten sus escritos de acusación en un plazo de diez días.

Las pesquisas parten de una querella presentada en octubre de 2011 por un particular contra la entidad y un trabajador, Jaime G., por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, este último rechazado por el juez.

Según el auto, el cliente poseía fondos de inversión en la entidad por un total de 152.428 euros en julio de 2008 y, cuando tres años después acudió al banco para recuperar el capital invertido más los intereses, le indicaron que sólo podía recuperar 25.109 euros.

Además, intentó recuperar una inversión de este paquete total que correspondía a 50.000 euros, pero le dijeron que debían convertirla en acciones de Iberdrola, sin explicarle la cotización de las mismas, por lo que el querellante considera que se le informó "de una manera absolutamente engañosa".

Según el magistrado, los productos que invirtió el cliente "no eran sencillas rentas fijas, sino unos productos que en el mercado bursátil se denominan estructurados", por lo que la rentabilidad que le prometieron dependía de la marcha de la bolsa: si subía ganaba una cantidad modesta y si bajaba perdía mucho.

FALTA DE INFORMACIÓN.

Considera que el cliente invirtió animado por el empleado imputado, quien no le alertó de los riesgos, "tal vez porque en aquellos momentos a la banca le interesaba incrementar su liquidez con capital de inversores particulares".

En el escrito, el juez cita algunos indicadores que demuestran que Banco Inversis Net ocultó datos fundamentales al cliente, como que las entidades financieras que emitían los productos habían tenido "pérdidas brutales" y estaban expuestas a la crisis derivada de las hipotecas 'subprime'.

Así, el Juzgado de Instrucción 1 ha concluido que existen indicios racionales de criminalidad contra los imputados "tanto por la información engañosa ofrecida como por la omisión de información esencial" y ha ordenado proseguir la causa contra el mismo banco como responsable civil subsidiario.