Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el ERE de Coca-Cola Iberian Partners

La inspección de Trabajo y Seguridad Social ha cuestionado en su informe el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola Iberian Partners, que contempla el despido de 1.190 trabajadores y el cierre de cuatro plantas en Fuenlabrada, Asturias, Alicante y Palma de Mallorca.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, resalta que la empresa no ha aportado toda la documentación adicional solicitada por los sindicatos y hace una "especial mención a la complejidad con la que se ha elaborado los listados de trabajadores afectados, no permitiendo determinar con facilidad el número de trabajadores afectados en cada centro de trabajo individualizado".

Respecto a la existencia o no de un grupo de empresas a efectos laborales, el informe indica que "existen indicios", como son la confusión patrimonial desde junio de 2013, la unidad de caja o la apariencia externa unitaria que "podrían conducir a la calificación de Coca-Cola Iberian Partners como un grupo de empresas a efectos laborales respecto de los siete embotelladores afectados por la medida extintiva".

No obstante, señala que hay "una posible ausencia o débil consideración respecto del indicio de confusión de plantilla", por lo que, según adelanta en su edición de hoy el diario 'El Economista', no habría una integración efectiva, con lo que se cuestiona la presentación de un único ERE.

Además, la autoridad laboral indica que tampoco se destaca "la incidencia que tendrá el cierre de determinadas plantas o la reorganización de otros centros de trabajo".

La inspección de Trabajo también subraya que la documentación aportada por el embotellador único en España "no permite analizar" si otras mercantiles del grupo deberían estar integradas en el grupo a efectos laborales.

SIN DIÁLOGO PREVIO AL ERE

Respecto al desarrollo del periodo de consultas, el informe explica que "no se ha producido un intercambio de propuestas y contrapuestas" por las partes de manera recíproca, y considera que "hubiera sido recomendable" haber dedicado un mayor período de tiempo para el entedimiento de las medidas pretendidas por la mercantil, y ello a través de un "proceso de diálogo social" con carácter previo al inicio del ERE.

La autoridad laboral quiere dejar constancia que las partes "no han solicitado en ningún momento" el procedimiento de la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para prestar su asistencia como mediadora.

Sobre la composición de la comisión representativa, el informe señala que con "independencia de la buena fe" de la mercantil a la hora de determinar el número de representantes que por cada sindicato conformarían la comisión, no quedó acreditado que existieran secciones sindicales a nivel de grupo legalmente constituidas.