La Izquierda Plural, CiU y BNG rechaza la nueva reforma fiscal por ser un "parche" con "afán recaudatorio"

Las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, solicitan la devolución al Gobierno del proyecto de ley que aprobó el Gobierno a finales de junio, y serán debatidas el jueves 12 de septiembre en el Pleno de la Cámara Baja. El plazo para presentar enmiendas parciales concluirá el día 7 de septiembre.

La Izquierda Plural acompaña además la enmienda con un texto alternativo en el que plantean una reforma fiscal verde integral en lugar de "seguir poniendo parches", como a su entender hace el Gobierno. Los objetivos de su propuesta son mejorar la equidad del sistema, su eficiencia y su sostenibilidad, y para ello tocan las principales figuras tributarias y plantean la creación de algunos impuestos ecológicos nuevos, como ya habían hecho en otras iniciativas parlamentarias.

GRAVAR LAS EMISIONES

En concreto, IU-ICV-CHA propone gravar la matriculación de vehículos y el Impuesto de Circulación atendiendo a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), de tal manera que "paguen más los que más contaminan". Además, también plantean suprimir la exención planteada por el Gobierno en el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte para las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náuticos destinados al alquiler.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, la coalición expresa su "apoyo" a la supresión de deducciones planteada en el proyecto de ley, que conservan tal cual, aunque creen que los "avances" son "insuficientes" y por ello proponen deducciones del 10% en las inversiones que garanticen una mejora ambiental en los comportamientos empresariales o más apoyos por favorecer la movilidad sostenible de los trabajadores.

También sugieren una rebaja del IVA para los productos de menor impacto ambiental y para algunos de necesidad social, y plantean una modificación parcial del IRPF para fomentar el transporte público y sostenible con deducciones a la compra de abonos de transporte.

Finalmente, se plantea un nuevo Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo de 50 euros por metro cuadrado con el que se "evite la depredación del territorio" y se consigan ingresos para la conservación del patrimonio natural y la gestión de la biodiversidad; y también se recomienda una reforma en las haciendas locales para generalizar las tasas de residuos, vincular el IBI a la eficiencia energética de los edificios, introducir criterios ambientales en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y extender el impuesto sobre pernoctaciones turísticas, entre otras.

La Izquierda Plural también elimina de su texto las propuestas del Gobierno sobre el régimen fiscal de la Sareb --el llamado 'banco malo'--, que es equiparable a nivel fiscal con las entidades de crédito, lo que a su entender supone dar "un trato fiscal favorable a una empresa privada frente al resto de entidades de crédito y promotoras inmobiliarias" así como "volver a promover la burbuja inmobiliaria".

PERJUDICIAL PARA LA ECONOMÍA

Convergència i Unió (CiU), por su parte, rechaza la "constante alza de impuestos" promovida por el Ejecutivo con una finalidad "meramente recaudatoria" y sin partir de una visión global sobre su efecto en las actividades económicas. "Es un despropósito y un engaño que el Gobierno se presente a las elecciones e incluso a la investidura con el compromiso de no incrementar impuestos y, por el contrario, incrementar los impuestos esté siendo uno de los ejes centrales de su acción de gobierno", reprochan los nacionalistas catalanes.

Además, lamentan que en ninguna de las medidas tributarias se haya considerado que "la recaudación debiera ser compartida entre la Administración central y las comunidades autónomas", lo que a su entender denota falta de lealtad institucional y, además, perjudica a las arcas regionales, que no se ven compensadas tampoco por las decisiones del Gobierno central que le han supuesto una merma de ingresos.

Finalmente, piden la devolución del proyecto por "discrepancias" en el fondo de las medidas concretas que incluye, particularmente en lo que afecta a la eliminación de deducciones del Impuesto de Sociedades, que "mermarán la competitividad y la recuperación de muchas empresas" que están en pleno proceso de internacionalización. "Hay margen para modificar el Impuesto de Sociedades, pero siempre que al mismo tiempo se impulse la inversión, la creación de empleo y la reactivación económica", zanjan.

SE QUEDA CORTO

Por su parte, el BNG justifica su veto no tanto en los contenidos del proyecto de ley como en las "ausencias, derivadas de una óptica sobre las políticas fiscales y tributarias claramente errónea y empíricamente fracasada". "Es necesario e inaplazable cambiar radicalmente las actuales políticas fiscales y tributarias, centradas en la contracción del gasto y en la prioridad absoluta de la reducción del déficit y el control financiero de las comunidades", exigen.

Además, critican que esta reforma incluya sólo "modificaciones parciales, temporales y aisladas de esa necesaria reforma global" y que no conlleve un cambio profundo de la estructura fiscal, que provoca "un reparto injusto y desigual de las cargas tributarias" y una pérdida de progresividad, sin garantizar además recursos públicos suficientes para impulsar la economía.

QUE NO HAYA EFECTOS RETROACTIVOS

El PNV no ha presentado veto contra el proyecto pero sí ha registrado ya sus tres enmiendas parciales, a las que ha tenido acceso Europa Press. En ellas, pide al Gobierno que las modificaciones relativas al Impuesto de Sociedades no entren en vigor hasta el periodo impositivo que inicia el 1 de enero de 2014, en lugar de aplicarlas con "efectos retroactivos" desde el inicio de este ejercicio.

"Debe tenerse en cuenta que a lo largo de los meses que han transcurrido del ejercicio 2013 se han podido acometer inversiones en el extranjero con la confianza en una normativa que en el proyecto de ley se propone derogar", recuerda la formación jeltzale, que también pide que se mantengan como deducibles las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente siempre que se demuestre que no han sido deducidas ya en dicho país.

De esta manera, se permite a los empresarios "compensar al menos una vez" estas rentas negativas sin caer en un exceso de imposición, y evitando "afectar dramáticamente al proceso de internacionalización" de muchas empresas en un momento "crítico" para la economía. "(El proyecto del Gobierno) pretende restringir hasta tal punto la posibilidad de deducir las pérdidas derivadas de actividades empresariales realizadas en el extranjero que nos coloca en peor situación que la existente en el entorno internacional", avisan.

Por último, se pide que "respetando la prohibición de la deducción de las pérdidas por deterioro de cartera", se regule el tratamiento de las pérdidas por transmisión de participaciones en otras sociedades, de tal manera que no se empuje a las empresas a "adoptar formas de organización que eviten la filialización de actividades" ni se "desaliente a los proyectos de colaboración empresarial ni a las iniciativas de internacionalización".