La Izquierda Plural reclama sustituir la privatización de Aena por un modelo público descentralizado

Según la iniciativa, que recoge Europa Press, "la prestación del servicio aeroportuario con criterios estrictamente mercantiles puede conducir a que el coste implícito de las privatizaciones recaiga sobre la calidad de los servicios y las condiciones laborales, generando la sustitución del monopolio público por un monopolio privado".

Sin embargo, "existe una alternativa" que pasa por una colaboración entre los diferentes niveles de la Administración para poder mantener unos "estándares mínimos de calidad homogénea" a la par que se acerca la toma de decisiones a las instituciones "más próximas a los ciudadanos".

"Frente a la privatización, este modelo garantiza la transparencia y la participación en la toma de decisiones, la no dependencia de las estrategias del mercado a la hora de prestar el servicio público, la garantía de seguridad, accesibilidad y universalidad y la continuidad y estabilidad de la prestación del servicio", añade.

GESTIÓN PÚBLICA DE LOS AEROPUERTOS

Por eso, IU-ICV-CHA reclama que se paralice la privatización y se "asegure la gestión pública directa de las infraestructuras aeroportuarias" y que se fije un "nuevo modelo descentralizado de gestión de los aeropuertos que disponga de los recursos materiales y humanos necesarios para hacer realidad un servicio público seguro y de calidad, y que garantice la cohesión social y territorial".

Finalmente, la Izquierda Plural carga contra el Consejo Consultivo de Privatizaciones, del que dice está "claramente desprestigiado" tras avalar las privatizaciones de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y de las concesionarias de Barajas y El Prat, y que "parece el encargado de legitimar los procesos privatizadores de los gobiernos de turno al margen del interés público".

En este punto, recuerda que la privatización de Aena supondría unos ingresos públicos de "apenas 3.000 millones de euros", que podrían quedarse en menos si "el precio final es inferior al montante de la deuda de la empresa", en cuyo caso "la operación podría saldarse sin ingreso alguno" y "entregando a precio de saldo a empresas privadas unos activos públicos de gran valor".