POLÉMICA

Jubilaciones: Los privilegios de la clase política

Políticos y altos cargos gozan de beneficios a la hora de recibir su pensión

Cobran la pensión máxima si cotizan siete años frente a los 35 que necesitan el resto

El resto de trabajadores tiene que cotizar 15 años para tener derecho a pensión

Pepe Blanco afirma que están dispuestos a "corregir esta situación"

De la Vega y Salgado anunciaron el pasado viernes tras el Consejo de Ministros la iniciativa del Gobierno para aumentar la edad de jubilación. FOTO: EFE / Archivo

Las diferencias son notables entre un trabajador, ya sea asalariado, autónomo o empresario y los altos cargos políticos. Como primera apreciación, un diputado no tiene una edad límite para jubilarse y, por ello, no les afecta el retraso en la edad de retiro pero gozan de ventajas que les ponen muy por delante del resto. Manuel Fraga, senador del PP y el político en activo de mayor edad con 77 años, no es partidario de retrasar la edad de jubilación, justo ahora "en el peor momento". De la Vega subrayó durante el anuncio de la medida que "". Pero, ¿se aplican los políticos el cuento? hay que trabajar desde hoy por los pensionistas de mañana

Cualquier trabajador debe tener cotizados un mínimo de 15 años para cobrar la pensión de jubilación , de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos en los 15 años inmediatamente anteriores al último día trabajado. Ahí radica la primera diferencia, porque un diputado tiene derecho a cobrar la pensión máxima con sólo acumular siete años "sin importar si ha ejercido durante los años previos a su jubilación", como confirman desde Larrauri & Martí Abogados.

"Los diputados españoles siempre mejoran sus condiciones" asegura Amelia Garrido, abogada de este despacho, antes de confirmar que como arma esgrimen en sus ponencias que los parlamentarios europeos tiene mejores condiciones que ellos.

Actores sociales en contra

Los sindicatos tachan la medida de "extrema e innecesaria" y se oponen frontalmente mientras la oposición afirma que es "una estafa a los ciudadanos". Candido Méndez, desde UGT, considera que es una medida poco atractiva para las trabajadores y avisa al Ejecutivo de que si la lleva adelante en minoría, es decir sin pactar con los agentes sociales, "habrá problemas". Si preguntamos al Ministerio de Trabajo sobre la polémica por la iniciativa del Ejecutivo nos remiten a las recomendaciones del Pacto de Toledo. " Resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa", destaca sobre la edad el texto realizado por la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.  De hecho, Celestino Corbacho, en declaraciones a Telecinco de esta mañana defiende la medida afirmando que "debe trabajar el mayor número de gente posible".

Desde el otro lado, el del mundo de la empresa y los negocios la OCDE avisa a España de que retrasar la edad de jubilación no es suficiente. Y le pide un esfuerzo mayor a los trabajadores. Por ejemplo, incrementando el número mínimo de años necesarios para obtener una pensión completa, por lo que sugieren pasar de los 35 años actualmente a 40.

La pensión parlamentaria, otro plus del cargo

En la actualidad la pensión de los trabajadores depende de lo cotizado los últimos 180 meses en activo como establece el Régimen de Pensiones. Un diputado tiene derecho a la pensión máxima establecida aunque no haya trabajado los 15 últimos años. Esto se traduce en 2.460 euros mientras que el importe que perciban el resto de trabajadores será el resultado de la división de los 180 meses cotizados entre 210. Además, para cobrar la totalidad si no eres un alto cargo público, no tienes derecho si no has cotizado durante 35 años.

Otro concepto que eleva los privilegios de la clase política es la llamada pensión parlamentaria. Cualquier diputado tiene derecho a la hora de jubilarse a que Congreso o Senado le abonen el importe que falta para completar la pensión máxima si su pensión no llega a los 2.460 euros establecidos. Un sistema cuanto menos de dudosa moralidad en tiempos de crisis.  Pepe Blanco, ministro de Fomento, y al que no le corresponde este asunto más cercano al actual ministerio de Política Territorial (antiguo de Administraciones Públicas) que encabeza Manuel Chaves, ha afirmado en TVE que está dispuesto a "corregir esta situación".

El ex ministro de Economía, Pedro Solbes, es un buen ejemplo práctico de lo alejado de las condiciones para un ex-político en comparación con un ex-trabajador. Solbes puede acumular prestaciones públicas mientras que el resto de trabajadores sólo puede percibir una única prestación. El ex ministro de Economía pudo disfrutar antes de abandonar el Congreso de su pensión vitalicia como ex vicepresidente del Gobierno; su salario como ex-comisario de la Unión Europea, también vitalicia, y su salario como diputado por Madrid. En total acumuló 12.700 euros brutos mensuales. Y como él, muchos ex políticos y antiguos ministros. Raro es el que al abandonar su cargo político cede sus emolumentos vitalicios. Uno de ellos es el también socialista  Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura, que en una Tribuna en el diario El País lo anunció en medio de una trifulca que mantiene con el escritor Antonio Muñoz Molina a cuenta de la Ley de Economía Sostenible y las descargas en Internet.

En un momento en que el Gobierno se preocupa por las pensiones del futuro, y que el déficit de las cuentas públicas superó en 2009 el 11 por ciento, una pequeña ayuda de nuestra clase política sería muy bien vista por la gente. Y sacaría de su burbuja  a muchos diputados con poca relación con "los problemas de la vida real", como la pregunta que ahora se hacen millones de españoles, ¿tendré pensión cuándo me jubile?. CGS/FMJ

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