La Junta de Andalucía asume el realojo de las familias desalojadas de la Corrala Utopía (Sevilla)

En una nota, la Consejería de Fomento y Vivienda ha explicado que proveerá a las familias desalojadas de "los recursos imprescindibles para garantizar su derecho a la vivienda, así como su integridad física y su seguridad", en el marco de las potestades que le otorga la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y el decreto por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes.

La Consejería adopta esta decisión con carácter de urgencia ante la "elusión flagrante" de sus responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que está "igualmente concernido por el mandato judicial y que es titular de 528 viviendas deshabitadas y sin contrato de compraventa o arrendamiento, pese a lo cual ha rechazado contribuir a una solución transitoria para las familias".

La Consejería de Fomento y Vivienda ha explicado que solicitó por cauce oficial el lunes, 7 de abril, al Ayuntamiento que pusiera transitoriamente a disposición de estas familias 16 inmuebles, "una petición que ha sido formalmente rechazada".

Del mismo modo, considera que el Ayuntamiento "ha desatendido la petición de reunión cursada por escrito el martes, 8 de abril, por el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, para abordar con urgencia una solución para las familias desalojadas".

COMISIÓN CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Ha recordado que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, representados por la consejera de Fomento y Vivienda y por el alcalde de la ciudad, respectivamente, acordaron el pasado 5 de marzo la creación de una comisión técnica, con participación del Defensor del Pueblo Andaluz, para arbitrar medidas que garantizasen el derecho a la vivienda, la seguridad y la integridad física de las familias de la Corrala Utopía, sobre las que pesaba ya una orden judicial de desalojo.

En el marco de dicha comisión, el Defensor del Pueblo Andaluz informó a las administraciones de que las familias alojadas en la Corrala Utopía "se encontraban en riesgo de exclusión social, y urgió a la Junta y al Ayuntamiento a acordar una solución". Ambas administraciones "asumieron el planteamiento del Defensor, según el cual todas las familias debían ser realojadas".

La Junta ha explicado que la Consejería "puso en conocimiento del Ayuntamiento que la Administración autonómica había entregado en alquiler social a familias con recursos limitados todos los inmuebles de su titularidad que se encontraban sin adjudicar, al objeto de que cumplieran su función social inherente". La Consejería, por ello, "sólo podría disponer para una solución inmediata de viviendas que quedaran desocupadas como resultado de la rotación natural de las viviendas públicas, por causas como cancelaciones de contratos de alquiler y mudanzas, fallecimientos, o ejercicios de tanteo y retracto en el caso de compraventa".

DESALOJO

La Junta ha explicado que "a causa de estas limitaciones en su disposición de recursos públicos con carácter inmediato, derivada de la entrega en alquiler a familias necesitadas de las viviendas de su titularidad, la Consejería solicitó al Ayuntamiento que pusiera transitoriamente a disposición de las familias inmuebles de su propiedad, comprometiéndose la Junta de Andalucía a proveer una solución definitiva en el tercer trimestre del año".

Lamentó que el Ayuntamiento, cuyas viviendas deshabitadas en Sevilla tienen en algunos casos calificaciones definitivas hasta de 2008, "rechazó la propuesta de la Consejería".

Ante esta tesitura, y con el conocimiento del Ayuntamiento y del Defensor del Pueblo, la Consejería abrió un cauce de negociación con Ibercaja, propietaria del inmueble, tendente a "arbitrar medidas que permitiesen realojar provisionalmente a las familias hasta que la Junta ofreciese una solución definitiva".

La Junta ha asegurado que "dicha negociación se encontraba próxima a su culminación, cuando el domingo 6 de abril la Policía Nacional, por orden de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sin previo aviso a la Consejería, procedió al desalojo de la Corrala Utopía". Ese mismo día Ibercaja "comunicó a la Consejería su retirada definitiva de cualquier negociación o búsqueda de soluciones". Lamenta que "con el desalojo ya realizado, el Ayuntamiento ha mantenido su rechazo a facilitar recursos para una solución urgente de carácter transitorio".

La Consejería ha apuntado que "con la sujeción al mandato del juzgado número 3, la Consejería da cumplimiento al artículo 47 de la Constitución --que recoge que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" e insta a los poderes públicos a "promover las condiciones necesarias" y a establecer "las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho"--, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

Agrega que el cumplimiento efectivo del mandato judicial por parte de la Consejería "es también coherente con la doctrina de la justicia europea, sentada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, según la cual las administraciones deben proveer soluciones a las familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda por desahucio".