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Junta indica que si Gobierno no retira recurso por la ley antidesahucios "planteará un estado de excepción a Andalucía"

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha advertido de que si el Gobierno central, tras la aprobación en el pleno del Parlamento andaluz de la Ley de función social de la vivienda, no "parte de cero" y retira el recurso ante el Tribunal Constitucional por dicha ley, el Gobierno estará "planteando un estado de excepción para Andalucía".
En declaraciones a los periodistas, Cortés destacó que, tras la aprobación de la llamada Ley antidesahucios, Andalucía "tiene de nuevo un arma poderosísima en sus manos para defender el derecho a la vivienda, para desmercantilizar la vivienda, evitar desahucios y evitar esa terrible realidad que supone tener 700.000 viviendas deshabitadas".
Ha recordado que en julio de 2013, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "invocó a través del artículo 161.2 de la Constitución la suspensión cautelar de la ley antidesahucios ante el TC, con lo que el artículo que está recurrido del decreto ley el TC lo suspendió de forma cautelar sin entrar en el fondo, por esa prerrogativa que tiene el presidente de invocar la Constitución".
No obstante, destaca que tras la aprobación de la norma en el Parlamento andaluz, el Gobierno central "tiene la oportunidad de comenzar de cero y retirar el recurso".
En ese sentido, ha explicado que el pasado 5 de julio la Consejería de Fomento y Vivienda planteó la convocatoria de la comisión bilateral, una comisión interadministrativa para dirimir cuestiones de competencias entre Gobierno y Junta, que forma parte de la Ley Orgánica del TC y del Estatuto.
No obstante, lamentó que tres días después el Gobierno anunció el recurso contra el decreto ley andaluz.
Tras recordar que esa comisión bilateral ya dirimió el conflicto de competencias por la Ley del Derecho a la Vivienda catalana, que "planteaba términos muy parecidos a la Ley andaluza de derecho a la vivienda", Cortés considera que el Gobierno central "tiene margen para no tener que presentar el recurso de inconstitucionalidad y negociar en el seno de la comisión bilateral".
La consejera ha explicado que esta semana, el pasado lunes, hubo una reunión de esa comisión, tras lo que ha indicado que este miércoles la Junta ha mandado un escrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas donde plantea la disponibilidad de dirimir ese conflicto de competencias en el seno de la bilateral.
"Hay margen por parte del Gobierno central de explorar y continuar en ese cauce institucional de diálogo para no interponer el recurso", ha aseverado la consejera, quien instó al Ejecutivo central a "mantenerse en esa comisión bilateral", algo a lo que "está obligado legal e institucionalmente, pues somos gobiernos en pie de igualdad, y Gobierno central y comunidades autónomas somos Estado".
En ese sentido, insiste en aseverar que el Gobierno "está obligado a mantener ese cauce institucional, pues de negarse a ese cauce estaríamos ante la institución de un estado de excepción para Andalucía, al negar al Gobierno autonómico una comisión bilateral que es legalmente válida".
Cortés destaca que la Junta en su carta recuerda al Gobierno que la Junta está sentada en esa comisión bilateral "con todas las garantías para dirimir las cuestiones de competencias que el Estado plantee", por lo que le insta a seguir en esa comisión bilateral.
La Junta espera que el Gobierno central "aproveche la aprobación de la Ley por parte del Parlamento andaluz, pues negar ello es plantear un estado de excepción para Andalucía".
"El Gobierno tiene la oportunidad de partir de cero y en nuestra carta mostramos disposición a seguir en ese espacio de negociación, y esperamos que el Gobierno lo mantenga y le instamos que utilice ese cauce institucional", ha agregado Cortés, quien insiste en que el Ejecutivo "tiene margen para no presentar el recurso de inconstitucionalidad".
Para la consejera, "no es posible que personas jurídicas mantengan viviendas deshabitadas mientras que hay cientos de miles de andaluces que están pidiendo una vivienda a través de los registros municipales de viviendas". "No es posible que un derecho humano como es el derecho a la vivienda caiga en manos de los que lo quieren mercantilizar o en manos de fondos buitre", asevera la consejera, quien insiste en la necesidad de "acabar con esa irracionalidad de 700.000 viviendas vacías".
Tras destacar que en Andalucía "se han logrado paralizar 2.000 desahucios", Cortés destaca que las oficinas de la Junta "han estado a pleno rendimiento, a pesar del recurso anunciado por el Gobierno".