La Ley de Unidad de Mercado supondrá un aumento adicional del PIB del 1,6% en el largo plazo

Tras una reunión para hacer balance sobre la aplicación de la norma, el consejo ha constatado que los principios de proporcionalidad de la intervención pública en la actividad económica, de eficacia nacional de la regulación y de simplificación de cargas que establece la ley incrementarán la productividad, el crecimiento y el empleo.

El Consejo para la Unidad de Mercado ha destacado que 117 normas estatales han sido adaptadas a los principios de buena regulación económica, como las leyes de horarios comerciales, de prevención de riesgos laborales, de contratos del sector público, de apoyo a los emprendedores, del cine, del deporte, de montes, de patentes o de telecomunicaciones.

Por su parte, más de 200 expedientes han sido resueltos gracias al mecanismo de protección de operadores económicos, que permite a las comunidades autónomas presentar reclamaciones o información sobre las barreras a su actividad.

Para dar un nuevo impulso a la Ley de Unidad de Mercado, el consejo ha decidido elaborar un plan de trabajo que centrará la atención en la remoción de obstáculos recurrentes e impulsará los departamentos ministeriales en sus respectivos ámbitos de competencias, especialmente a través de las conferencias sectoriales.

Asimismo, ha acordado mejorar el análisis del efecto de cualquier nueva norma en la unidad de mercado a través de las memorias de análisis de impacto normativo y ha aprobado un catálogo de buenas y malas prácticas de aplicación de la norma para fomentar el aprendizaje mutuo entre administraciones.

Por otro lado, el consejo ha destacado el "papel fundamental" que la cooperación entre administraciones públicas juega en la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado, ha reconocido el esfuerzo de las autonomías y las ha emplazado a "avanzar con más ímpetu" en su aplicación.

La reunión ha sido presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. A su vez, han participado la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez Castro, y el subsecretario de Presidencia, José María Jover, además de consejeros y otros representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.