La Ley de Unidad de Mercado podría obligar a modificar la concesión de autorización de trabajo a extranjeros

El proyecto de ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio, podría hacer necesario modificar la normativa vigente en materia de concesión de autorizaciones de trabajo a los extranjeros.

Así lo reconoce el propio Ministerio de Empleo en su informe sobre el anteproyecto de ley que acompaña a la memoria de impacto, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en el que señala que el principio de eficacia nacional que impregna la propuesta normativa "puede entrar en contradicción" con la Ley Orgánica sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España.

Esta ley, vigente desde el año 2000, prevé que las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia para los extranjeros se limiten a un sector de actividad y al ámbito territorial de una comunidad autónoma, por lo que no se podría extender su vigencia a todo el territorio nacional, como pretende con carácter general la Ley de Unidad de Mercado.

Además, la normativa establece que "la concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las comunidades autónomas".

"El Ministerio considera que, si se cumplen los requisitos con carácter general, la autorización de trabajo debería tener carácter nacional, por lo que únicamente se señala que sería necesario modificar la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros", añade el documento.

DIFICULTADES DE APLICACIÓN

Al margen de Empleo, otros ministerios, administraciones públicas y organizaciones sociales plantearon sus dudas con respecto al anteproyecto de ley y su aplicación. Así, el Ministerio de Industria, por ejemplo, pide que se mantenga de forma explícita el permiso de establecer precios máximos regulados en algunos hidrocarburos como excepción a la norma general de libre oferta.

El departamento que encabeza José Manuel Soria también solicita la inclusión explícita en el ámbito de la ley del dominio público radioeléctrico, una propuesta que comparte la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), que cree que la "heterogeneidad" de normas impone una "carga burocrática excesiva" a los operadores nacionales.

Y mientras Industria y otros organismos quieren que se incluyan algunas actividades de su ámbito económico en la Unidad de Mercado --hasta la patronal de cajas CECA quiere que se incluya al sector financiero--, otros departamentos como Sanidad plantean que se siga permitiendo requerir una autorización específica en la planificación sanitaria "con el fin de que no resulte modificado el estatus actual de las oficinas de farmacia".

Por su parte, Agricultura valora favorablemente la propuesta normativa, pero alerta al Gobierno de la "especial dificultad" que tendrá su aplicación en ámbitos donde el Estado no tiene competencias, como por ejemplo la caza, la pesca fluvial, el marisqueo, la acuicultura o las actividades marítimas recreativas (buceo, socorrismo, etc.).

"Sin una acusada concienciación de todos los poderes públicos de llevar por la vía de la cooperación al Consejo para la Unidad de Mercado toda propuesta normativa susceptible de romper con la unidad de mercado, ésta no será posible, al menos en los ámbitos materiales citados", añade el Ministerio.

CRÍTICAS AUTONÓMICAS

Entre las comunidades autónomas que han presentado comentarios al anteproyecto de ley se cuentan algunas que son favorables en general al contenido del texto (como Galicia o Murcia) mientras que otras son particularmente beligerantes. Es el caso de la Junta de Andalucía o de la Generalitat de Catalunya, que exigen la retirada total de la normativa por considerar que vulnera el orden competencial, y que incentiva la desregulación y la competencia a la baja entre regiones.

En sentido contrario van las críticas de la Comunidad de Madrid, que comienza afirmando que el anteproyecto "está mal enfocado" y que "sería preferible que el Estado hiciera uso de toda su competencia legislativa y que la ley se articulara como ley de armonización". "En ámbitos como la industria, la energía o las minas puede haber problemas de control importantes y sería preferible si el Estado hiciera uso de toda su competencia legislativa en vez de hacer normativas de mínimos", se añade.

No obstante, el Gobierno madrileño también reconoce que el principio de eficacia nacional tendrá "problemas de aplicación" y avanza que con la redacción actual de la norma el impacto sobre el comercio será "nulo", en el ámbito del juego "podría invadir competencias no deseables por fomentar la competencia a la baja" y que también se podrían dar problemas de protección a los consumidores en actividades como los tatuajes o los piercing.

OTRAS CONSIDERACIONES

También el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) rechazan el anteproyecto por conllevar un "menoscabo en la protección de los consumidores, promover paraísos regulatorios dentro del territorio nacional, e incentivar la desregulación y la falta de control" ya que "la regulación de la actividad vendrá determinada por aquella comunidad autónoma más laxa".

Por su parte, la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL) pide al Gobierno que tenga en cuenta los aspectos lingüísticos en el principio de no discriminación, recordando que el Código de Consumo de Cataluña obliga a etiquetar en catalán las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuado de sus productos, lo que supone tener que traducir los libros de instrucciones.

"La puesta en práctica de este requisito supondría un coste añadido imposible de asumir y con graves implicaciones adicionales por abrir la puerta a peticiones similares de otras comunidades autónomas a nivel nacional, y también de otras regiones a nivel europeo", añaden.

CECA, CONTRA LA DISTORSIÓN POR EL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS

Por último, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) plantea que se aproveche la tramitación de esta normativa para adoptar medidas que "eviten el solapamiento en materia supervisora y sancionadora que se producen actualmente en el ámbito de los servicios financieros, por ejemplo en materias relacionadas con la protección del consumidor".

Asimismo, creen que se debería tener en cuenta la implantación en algunas regiones de impuestos sobre los depósitos bancarios que deben pagar las entidades financieras, ya que "suponen una importante distorsión del mercado".